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Los dirigentes de CCOO y UGT consuman su traición: renuncian a la huelga y llevarán la jubilación al Parlamento
CCOO y UGT dan una nueva tregua al gobierno que podrá completar sus brutales agresiones a la clase trabajadora con su pasividad cómplice, en una reedición “discreta” del “Pacto de la Moncloa bis”.
Los sindicatos renuncian a la huelga y llevarán la jubilación al Parlamento
Las maratonianas sesiones de negociación entre Gobierno y sindicatos de los últimos días han servido para constatar que el acuerdo para la reforma del sistema de pensiones es, hoy por hoy, imposible. Las distancias son tan grandes que tanto unos como otros parecen decididos a cerrar un acuerdo de mínimos y trasladar al Parlamento la responsabilidad de legislar sobre las cuestiones más espinosas de la reforma, especialmente la propuesta de ampliar la edad legal de jubilación a los 67 años, que el Ejecutivo considera “irrenunciable” y que para CCOO y UGT es “inadmisible”.
Se trata, en palabras de algunos responsables de las partes implicadas, de alcanzar acuerdos puntuales antes del próximo día 28 “que no se van a escenificar”, sobre los temas menos conflictivos, como las políticas activas de empleo, formación profesional o seguridad e higiene. Mientras, las grades decisiones sobre el sistema de pensiones se resolverán en la posterior tramitación parlamentaria del proyecto de ley correspondiente. Máxime cuando el Gobierno ha admitido ya en la mesa de negociación que el articulado del proyecto puede ser modificado en su paso por las cámaras legislativas.
Una decisión ésta que, en principio, están dispuestos a aceptar los sindicatos, que parecen renunciar a las posturas maximalistas del principio, y que paralizarían la convocatoria de una huelga general, dando así un respiro al Gobierno de cara a las elecciones municipales y autonómicas de mayo.
Es más, en medios sindicales se comenta que tanto CCOO como UGT estarían dispuestos a asumir el texto final de la reforma si sale del Parlamento con el respaldo de una amplia mayoría.
Consensuar con el PP En esta línea, las dos centrales mayoritarias han exigido al Gobierno la incorporación inmediata de la patronal CEOE a la mesa de negociaciones y la apertura de diálogo con todas las fuerzas políticas parlamentarias y, especialmente, con el Partido Popular.
El propio secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, aseguró ayer que no contempla un acuerdo en materia de pensiones en el que no esté el PP y emplazó al presidente Rodríguez Zapatero a que se deje de declaraciones “grandilocuentes” y llame a Mariano Rajoy, para que su partido se sienta “cómodo” en ese gran acuerdo que se ha de construir.
Los dirigentes de CCOO son conscientes de que los populares se alinean con el bando sindical en su rechazo a prolongar la vida laboral de forma obligatoria y que, además, si se produce el vuelco electoral que aventuran las encuestas será un Gobierno del PP el encargado de desarrollar y poner en práctica la reforma laboral y la de las pensiones.
A este respecto, portavoces autorizados del Partido Popular confirmaban también ayer a elEconomista que los populares “hemos estado siempre con el Pacto de Toledo” y, por ello, sólo aceptarían elevar a los 67 años la edad legal de jubilación “si se hace de forma voluntaria e incentivada”, mediante beneficios fiscales.
Desde el PP se exige también que “se equipare la edad real de jubilación, actualmente en 63 años, a la edad legal de 65 años”, lo que probablemente evitaría subir hasta los 67, sobre todo si se acompaña de medidas complementarias que, entre otras, limiten al máximo las jubilaciones anticipadas.
Por su parte el Gobierno ha declarado ya su intención de incorporar a CEOE y abrir el debate a temas como la negociación colectiva o la reforma laboral, además de convocar también los grupos políticos para buscar su visto bueno tras el desacuerdo del Pacto de Toledo.
Moncloa trabaja en un gran pacto con CEOE y sindicatos al margen del PP
En el subconsciente colectivo del sindicalismo existe un viejo adagio. Sugiere que quien no negocia el conflicto social, no existe. Y esta antigua sentencia explica mejor que ninguna otra la nueva estrategia de los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO. También del Gobierno, que ha lanzado la negociación para arrinconar al PP con un gran pacto social firmado por las centrales sindicales y los empresarios.
Lo que toca ahora es negociar y de ahí que tanto CCOO como UGT estén pergeñando una propuesta (todavía sin delimitar y en fase embrionaria) que tiene como objetivo alcanzar acuerdos con el Gobierno y los empresarios en materias como las pensiones, los reglamentos de la reforma laboral, la política energética, la retribución de los empleados públicos o las políticas activas de empleo.
El esquema de la negociación está aún por determinar, pero lo que está claro es que será multiformato. Es decir, en unos casos se producirán negociaciones bilaterales (empresarios y sindicatos) para abordar, por ejemplo, la negociación colectiva. Y en otro de carácter trilateral (con la participación del Gobierno) o con la implicación de las fuerzas políticas. Por ejemplo, durante la tramitación parlamentaria de la ley de reforma de las pensiones, cuyo anteproyecto debe aprobar el próximo 28 de enero el Consejo de Ministros.
El Gobierno, según fuentes sindicales solventes, pretende tener listo el paquete de acuerdos -si finalmente los hay- antes del 22 de mayo, es decir, inmediatamente antes de las elecciones municipales y autonómicas. Y el nuevo presidente de CEOE, Joan Rosell, es uno de los impulsores. De hecho, los empresarios están presionando al grupo parlamentario popular para que se ‘moje’ y se sume a un gran pacto para reformar el sistema de pensiones. También está por la labor UGT, que un principio se mostró fría a esta iniciativa que viene defendiendo CCOO desde hace al menos año y medio. Lo que está claro es que las negociaciones serán rápidas. No se quieren repetir anteriores negociaciones (reforma laboral) que se fueron pudriendo a medida que pasaban los meses.
No se trata tampoco de reeditar una especie de nuevos pactos de la Moncloa -sellados en 1977 por las fuerzas políticas para apuntalar la democracia-, sino que más bien evocan a los viejos acuerdos interconfederales firmados en los primeros años 80. El último, el 29 de octubre de 1984 (por tres años), cuando UGT, CEOE y el Gobierno -CCOO no lo suscribió- firmaron el Acuerdo Económico y Social (AES). Este pacto fue heredero del Acuerdo Interconfederal (1983) firmado en esa ocasión por sindicatos y patronal, pero sin la presencia del Gobierno.
Objetivo: aislar al PP
Este esquema -que aísla políticamente al PP-, como sucedió en los tiempos de Manuel Fraga, es el que ahora se quiere recuperar en un contexto económico parecido: en medio de una grave crisis económica. Aunque con un sustancial diferencia en cuanto al nivel de riqueza del país. Asímismo, hoy España es una economía mucho más internacionalizada que en el pasado, y que además está vigilada al minuto por los mercados financieros debido a su elevado endeudamiento público y privado.
Las direcciones sindicales estiman que negociar ahora es posible precisamente porque se celebró la huelga general, y con este argumento quieren convencer a sus bases de que el acuerdo es posible pese a los recortes en el gasto social y la reforma laboral. En paralelo, seguirán adelante con la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) con la que pretenden frenar la reforma laboral del Gobierno.
Las centrales parten en su análisis de una premisa. Zapatero se ha comprometido ante la comunidad internacional a gobernar aunque sea por decreto si no hay acuerdo. Y hay que recordar que no sólo pende sobre los sindicatos la fecha del 28 de enero (pensiones), sino también la del 18 de marzo, fecha límite que ha dado el Ejecutivo para que centrales y empresarios pacten la negociación colectiva. Y el Gobierno ya ha filtrado (a la prensa amiga) para meter presión a los sindicatos que sin acuerdo se acaba la ultractividad de los convenios, lo que significa comenzar a negociar cada año desde cero las relaciones laborales en las empresas, lo cual es un torpedo contra la línea de flotación de los sindicatos y de los trabajadores. Por eso, la estrategia sindical tiene también algo de defensiva.
Como dice uno de los negociadores, entre otras cosas porque si se deja a los técnicos del Ministerio de Trabajo hacer la reforma de la negociación colectiva, facilitarán todavía más el descuelgue de las empresas en los convenios colectivos. “Y Zapatero ahora va en serio porque no le queda más remedio”.
Desafección socialista
El acuerdo social puede ser global aunque no único, lo que evitaría a los sindicatos el ‘desagradable’ papel de haber facilitado la ansiada ‘foto’ que quiere Moncloa antes de las elecciones autonómicas y municipales. Pero al menos el PSOE lograría recuperar su imagen ante sus electores, que es la prioridad estratégica que se ha marcado Moncloa desde que Alfredo Pérez Rubalcaba oficia como vicepresidente político del Gobierno. Lo importante es achicar la desafección de los votantes socialistas, y en este contexto se explica la voluntad del Gobierno por pactar las reformas. Necesarias en todo caso en un momento económico como el actual. Y para lo cual ofrece flexibilizar la jubilación a los 67 años para que los sindicatos “puedan salvar la cara ante sus afiliados”, asegura un representante de la patronal.
Con esta estrategia, los sindicatos quieren recomponer el consenso del Pacto de Toledo, que amenaza con romperse el próximo día 25 en la votación que se celebrará en el Congreso. El PP ya ha dicho que no apoyará la prolongación obligatoria de la edad de jubilación hasta los 67 años. Y tampoco las fuerzas de izquierda (IU, ERC y BNG).
Pero un movimiento capaz de ser aceptado por los sindicatos y los empresarios, dejaría al PP descolgado de la reforma de las pensiones, y en eso está trabajando el Gobierno. Mientras que CEOE trabaja para que al acuerdo se sumen también los partidos políticos, en particular el PP y CiU. Por el momento, la primera reunión que se iba a celebrar hoy al máximo nivel (Valeriano Gómez, Toxo, Méndez y Rosell) se ha aplazado. Oficialmente, por problemas de agenda, aunque según fuentes conocedoras del proceso en realidad se quiere ganar tiempo para reordenar todo el esquema de negociaciones.
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