El 20 de abril de 2007 los “gerentes” de la Universidad de Burgos, la clase política de la ciudad y las autoridades locales concedían el título de doctor Honoris Causa al cardenal Antonio María Rauco Varela, arzobispo de la diócesis de Madrid y uno de los personajes que más se ha destacado dentro de la iglesia católica por su intolerancia, actitud homófoba e inquisitorial.

Simultáneamente a la celebración miembros de la comunidad universitaria, entre los que se encontraban estudiantes y profesores, y algunos burgaleses que consideraban inaceptable dicho nombramiento se concentraron en las puertas de la Facultad de Derecho que había sido previamente cerrada por orden de la Subdelegación del Gobierno.

Tras un abucheo generalizado al paso de Rouco y su sequito, los numerosos concentrados recorren el recinto universitario animando a otros estudiantes a unirse a la protesta. Cuando se regresa al lugar de la concentración (autorizada) la policía toma posiciones e impide que se desarrolle la protesta en las inmediaciones de la entrada de la Facultad de Derecho.

Esta situación y el largo tiempo que transcurre hasta que termina la ceremonia obliga a los manifestantes a dirigirse a la Facultad de Humanidades, mientras se esta entrando en dicha facultad la cola de la manifestación es acosada por dos coches de policía local hasta el punto de que una de las personas que se encontraban al final de la marcha fue golpeada tras un acelerón realizado por el vehículo policial, desde el interior del mismo, los agentes tiran del extremo de una de las pancartas para hacerse con ella provocando una situación de caos.

Ante estos hechos los manifestantes recriminan a la policial su actitud mientras terminan de entrar en la facultad para después recoger las pancartas y dar por terminada la protesta.

Varias semanas después de estos hechos, una persona será detenida y dos más procesadas acusadas de daños sobre el vehículo policial, atentado contra la autoridad enfrentándose a una elevada petición fiscal en la que se solicitan importantes sanciones económicas, entre las que se añadiría el pago de unas gafas de sol y un lujoso reloj propiedad de uno de los agentes y que supuestamente habrían sido dañadas tras estos hechos.

2007-2010

Tres años hace que Eduardo Francés, por aquel entonces simultáneamente concejal de Cultura y Policía Local, abandonase su cargo político no sin antes haber dado instrucciones a sus agentes de cómo actuar ante quienes osaran cuestionar sus “métodos”. Para entender sus ansias de venganza debemos remontarnos hasta el verano de 2005, cuando en el marco de la lucha vecinal contra el parking de Eladio Perlado y la especulación, sus agentes aporrearon a un barrio entero. Aquel parking de Gamonal no llegó a realizarse debido a la oposición vecinal, pero desde aquel entonces se impone una política de mano dura contra cualquier oposición a modo de resarcimiento.

Ahora con las únicas pruebas del testimonio de los policías a los que la “justicia” reconoce un poder especial llamado “presunción de veracidad” se pretende enviar a la cárcel a tres personas u obtener de ellas miles de euros en concepto de multa enviando de esta manera un claro mensaje atemorizador al resto de población: si protestas, luchas, piensas te joderemos

Han pasado tres años desde estos hechos, mientras los escándalos por pederastia y usura de la iglesia católica no han dejado de incrementarse. Los casos de corrupción política no han dejado de incrementarse mientras los de abajo nos vemos inmersos en eso que llaman CRISIS, y que no es sino otra de las caras del CAPITALISMO, injusticia social, desigualdad y usura.

El proceso contra estas tres personas que se ha celebrado durante esta mañana revela como no se duda en perseguir con todos los medios a quienes se atreven a denunciar este estado de cosas