El motín se produjo el 18 de noviembre de 2006 en el centro penitenciario cordobés. En el altercardo participaron unos 20 reclusos, pero la Fiscalía sólo ha imputado a seis, los que presuntamente lo provocaron. En total, solicita penas que suman 22 años y medio de prisión.
Según el escrito de conclusiones provisionales, sobre las 17.50 del día de autos se produjo en el módulo 14 -sala de día- de la cárcel de Alcolea una pelea entre varios reos.
Durante la disputa, el acusado J.V.S., utilizando un «pincho» asestó un golpe en el abdomen a otro interno, el también procesado A.A.S.M., causándole una herida de la que tuvo que ser intervenido en el Hospital Reina Sofía. También sufrió una brutal mordedura en el tercer dedo de la mano derecha que le valió la amputación de la falange.
El altercado provocó la intervención de los funcionarios, que acudieron al lugar con la intención de restablecer el orden.
Entonces, el encausado E.C.C. comenzó a incitar a los reclusos allí reunidos. El motín era ya irrefrenable y los empleados no podían salir.
El acusado E.V.F. propinó sendos puñetazos en la cara a dos trabajadores. Por su parte, F.M.T. «colocó dos «pinchos» sobre el abdomen de otro empleado y lo llevó a la sala de televisión, donde lo retuvo momentáneamente», señala el fiscal.
Además, E.C.C. también amenazó a otros funcionario con un arma punzante, al tiempo que seguía incitando al resto de los internos.
En esta labor participaron E.V.T. y F.V.J.O., «adoptando una actitud agresiva e intimidatoria contra los funcionarios». Finalmente, debido en buena parte a la intervención de varios reclusos, depusieron su actitud.
El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un delito de lesiones, del que es responsable el acusado J.V.S., y de otro de atentado en la modalidad de agresión, intimidación grave y resistencia activa, del que deberán responder en concepto de coautores el resto de procesados. Además, E.V.F. también está imputado por una falta de lesiones.
En total, las penas solicitadas para cada uno de los reclusos suman 22 años y 6 meses de cárcel.
Por su parte, la acusación particular, a cargo de los servicios jurídicos de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), suma a los delitos del fiscal uno más de tenencia ilícita de armas prohibidas y peligrosas, elevando la pena total demandada a 34 años y medio de prisión.
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Comunicado de APDH-A emitido por aquel entonces:
NOTA DE PRENSA DE LA APDHA SOBRE EL MOTÍN DE LA CÁRCEL DE CÓRDOBA