Llamada el “Guantánamo de Moratalaz”, esta comisaría es el complejo en el que, entre otras unidades policiales, tienen su sede las UIP, los antidisturbios.

Cuando en Madrid eres detenido en una manifestación o una protesta, lo más probable es que acabes en alguno de los edificios que la Policía Nacional tiene en el complejo de Moratalaz, un barrio del este de la capital. Los detenidos en la pasada huelga o las 35 personas arrestadas ante el Congreso el 25 de septiembre, por ejemplo, terminaron ahí. Esta comisaría es también el centro de numerosas denuncias de abusos y malos tratos. Como botón de muestra: gran parte de los 28 detenidos tras el desalojo de la Puerta del Sol la primera noche del aniversario del 15M denunciaron haber sido obligados “a permanecer en el patio de la comisaría de Moratalaz, esposados y cara a la pared, durante varias horas al sol” y uno de ellos fue “abofeteado”. Al menos cinco de estos detenidos presentaron denuncia por malos tratos ante el juzgado.

Aunque algunos detenidos lo han llegado a calificar de “Guantánamo”, Endika Zulueta, abogado que participa en la Comisión Legal Sol, plataforma de defensa jurídica nacida al calor del 15M madrileño, no considera esta comisaría un punto especialmente “negro” en cuanto a vulneración de derechos: “Todos los detenidos de Madrid que pasan a disposición judicial pasan por Moratalaz, pero no me consta que haya más malos tratos allí, o que haya proporcionalmente más denuncias que en otras dependencias policiales”, refiere Zulueta. “Imagino que influye más el hecho de que por ahí pasan muchas personas detenidas, entre otras cosas porque está el Registro de Detenidos. Los detenidos de cada comisaría pasan por ahí, les toman las huellas dactilares y les hacen las fotos de identificación, luego son trasladados para ser puestos a disposición de los juzgados de guardia”, concluye.

El complejo policial de Moratalaz albergaba un centro de detención de inmigrantes sin papeles (CIE) en cuyas decrépitas instalaciones –un sótano sin luz natural– se produjeron en 1991 huelgas de hambre y múltiples denuncias por malos tratos y que fue clausurado en 2005, tras años de denuncia de sus pésimas condiciones. Actualmente aloja, además de una comisaría de distrito entre otras dependencias policiales, el Registro Central de Detenidos. A modo de guinda, el centro policial de Moratalaz es también la sede del Grupo 21, la Brigada Provincial de Información, y de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios.

La Policía Nacional tiene regularmente destinados en la capital a unos 800 agentes, los denominados Pumas y Camel, que conforman la primera compañía de la UIP. Al frente de éstos está el inspector jefe Javier Nogueroles, condecorado con la máxima distinción policial una semana después de las cargas contra las protestas frente al Congreso de los Diputados del 25 de septiembre, que dejaron un saldo de 35 detenidos y al menos 64 heridos. Esta condecoración, que supone el cobro de un 10% más de sueldo, llegó a ser presentada por varios medios de comunicación como premio a la violencia de los antidisturbios.

Moratalaz, sitio de paso

“Un importantísimo número de personas denuncian haber sido objeto de torturas o malos tratos tras pasar por las dependencias de Moratalaz. Esto es debido, fundamentalmente, a que la mayoría de los detenidos por agentes de la Brigada de Información son trasladados a este centro policial”, afirma Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura. Según han denunciado numerosas personas detenidas por policías secretas en movilizaciones ligadas al 15M el pasado verano, los agentes del Grupo 21 que les interrogaron en Moratalaz lo hicieron encapuchados.

Tras las protestas de abogados defensores, los agentes han cesado de taparse la cara para interrogar, pero siguen encapuchados cuando realizan algunas diligencias policiales. “Como recoge el último informe de la Coordinadora –explica del Cura–, casi la mitad de las denuncias por malos tratos y torturas que hemos recopilado en el Estado son presentadas por personas detenidas por participar en movilizaciones sociales: a nivel estatal suman 433 denuncias de un total de 853 , y en Madrid, 56 de 111. Y eso que estos datos están seguramente incompletos ya que todo nos hace pensar que el número de agresiones a los detenidos es muy superior a los casos conocidos”, sostiene del Cura antes de concluir que “si se mantiene la misma tendencia que en otros centros de detención y cuerpos policiales, debe existir un importante número de agresiones de las que nunca sabremos nada”. Según este investigador, “en los casos de detenidos en movilizaciones sociales, las denuncias que conocemos se dirigen contra agentes del CuerpoNacional de Policía –sean estos de la Brigada de Información, de los antidisturbios o agentes destinados en los calabozos, etc.– La mayoría refieren agresiones en el momento y lugar de la detención. También son muy abundantes las referencias a agresiones en los vehículos policiales. Los relatos de agresiones físicas en las dependencias policiales son inferiores, pero son muy abundantes los de amenazas, insultos y coacciones de todo tipo”.

Uno de los detenidos en agosto de 2011, durante la visita del Papa a Madrid, relata que los antidisturbios le golpearon “sin motivo” tras la manifestación laica. “Me pegaron patadas, puñetazos y porrazos. Me abrieron una brecha de cinco puntos de sutura. (…) Me metieron en el furgón, lo que fue acompañado de más insultos, golpes y amenazas. Tampoco se dignaron a llamar a la ambulancia. Tras la detención nos llevaron a comisaría, donde siguieron los golpes por la espalda y los insultos. Para meterme miedo me llevaron corriendo hasta una quinta planta con todas las luces apagadas”.

El 7 de noviembre, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, alabó la labor realizada durante “estos últimos meses por los miembros de la UIP, un trabajo que resulta más esencial que nunca en este momento particularmente difícil para España”. Unas declaraciones que la prensa consideró enfocadas a la previsible actividad que tendrán en los próximas movilizaciones sociales. No en vano, el Ministerio del Interior ha multiplicado por 19 el presupuesto destinado a renovar el material antidisturbios y los equipamientos específicos de protección y defensa, que pasará de los actuales 173.670 euros a 3,26 millones en 2013.