El Defensor del Pueblo alerta del descontrol en la prueba de determinación de edad a los inmigrantes
El último informe anual del Defensor del Pueblo revela que el Consell mantuvo internados en un centro de protección de menores a veinte inmigrantes africanos durante ocho meses sin informar a la policía. Los inmigrantes tenían pasaportes que acreditaban su minoría de edad, pero las pruebas radiológicas indicaron que eran mayores. La institución considera que el caso evidencia la falta de coordinación entre la Generalitat y la policía, y pone como ejemplo que uno de los inmigrantes ya había sido considerado mayor de edad en una prueba practicada en Canarias. El Defensor ha instado a la Conselleria de Bienestar Social a que mejore el protocolo de actuación con los inmigrantes irregulares y “dé cuenta de manera inmediata al Cuerpo Nacional de Policía del ingreso de los menores extranjeros”.
La conselleria informó en febrero de que las pruebas radiológicas ordenadas por los fiscales para determinar la edad de los inmigrantes que están en centros de protección habían desvelado que dos tercios de los internos en la residencia Monteolivete -que depende de la Generalitat- tenían más de 18 años. La consellera precisó que de los 90 menores ingresados en Monteolivete 60 eran mayores. La clave es que como menores de edad no pueden ser expulsados.
Sin embargo, el Defensor del Pueblo duda de la validez de las pruebas de determinación de edad ordenadas por la Fiscalía de Menores. El organismo advierte en su informe de que existe “una significativa coincidencia en que los errores que se producen en la aplicación de estos métodos plantean objeciones técnicas y éticas de envergadura. La literatura científica insiste en que las pruebas no se concibieron para fijar la edad sino para apreciar el grado de maduración biológica. Los estudios no toman adecuadamente en cuenta los aspectos raciales, étnicos, nutricionales, medioambientales, psicológicos y culturales que tienen una influencia directa en el desarrollo y crecimiento de las personas”.
El Defensor lamenta de que a pesar de su escasa fiabilidad “las citadas pruebas médicas son utilizadas cada vez con más frecuencia, constituyendo -en muchas ocasiones- el único criterio para fijar una edad probable”
La institución considera sorprendente que se cuestione la edad, por su apariencia física, de inmigrantes que tienen un documento oficial, como es un pasaporte extranjero. El Defensor hace una “especial mención” a la situación planteada por los veinte inmigrantes que “permanecieron durante más de ocho meses bajo la tutela de la Generalitat sin que el Cuerpo Nacional de Policía tuviera conocimiento de su estancia en la Comunitat Valenciana”. Los inmigrantes, que según confirmaron ayer fuentes policiales eran de Ghana, tenían pasaportes que acreditaban su edad, pero la dirección del centro de protección trasladó a la Fiscalía sus dudas acerca de la veracidad de la documentación y de su minoría de edad ya que “su apariencia parecía incompatible”. Los jóvenes fueron sometidos a la prueba radiológica y acabaron en un centro de internamiento para ser expulsados.