La conducta general de los gobiernos es negar la existencia de prisioneros políticos en su países; nada que se les oponga puede existir y para ello hacen uso de la represión por distintas vías, poniendo cercos a la expresión disidente, llevando en algunos casos a la cárcel a quienes en su deseo de justicia social y ambiental responden con violencia a la violencia.
En otros casos se trata de asedio policial, sólo por el hecho de pensar distinto, casi una policía del pensamiento orwelliana que no tolera encontrar literatura anarquista en los centros de libre pensamiento y de acción directa. Un grupo de gorilas que viola la intimidad de hogares y comunidades con fuerza desmedida y avalada por investigaciones de origen montajista, en no pocas ocasiones.
Es ello lo que sucede en Chile a comunidades mapuche y los presos políticos por la causa, aún en huelga de hambre y omitidos por la prensa de la patronal, aquella que hoy se presta para buscar asociación ilícita, en un grupo de jóvenes anarquistas que no obedecen a jerarquía alguna, que no ha perpetrado ataque a personas si no a instituciones que se mantienen en la impunidad dada por el poder del dinero y el capital en su fase más desregulada.
Y es que el que un ciudadano actué en legítima defensa de sus intereses y más aún por los del prójimo, es hoy en Chile y en el mundo tratado de tergiversar bajo el concepto de TERRORISTA.
Desde la llamada Acta Patriótica, dictada por Estados Unidos y la rápida legislación londinense, el recorte a los derechos civiles es un hecho visible, como también lo es la criminalización de la protesta.
Los conceptos de seguridad manejados por las naciones, guardan relación con la protección del gran capital y el encubrimiento de su andar, pero se lavan la boca con la seguridad social y medioambiental, mientras los verdaderos criminales y grandes ladrones viven en la impunidad.
El problema de fondo pasa cuando aquella institución llamada Estado con sus poderes a la “cola de flecha”, no obra de buena fe, incumpliendo muchas veces sus propias bases constitucionales, algo así como un notable abandonos de deberes; tal han hecho otras instituciones que no analizamos por ahora.
Peor aún, junto con ello la clase “política dirigente”, los partidos como representantes de los pueblos, tampoco están cumpliendo su rol a cabalidad habiendo dado todos un paso hacia la derecha y el mercado.
El clientelismo y otras enfermedades propias del capitalismo desregulado han contaminado los roles de toda la clase gobernante, y el hastío se deja sentir. Las acciones más radicales de protesta política que no atentan contra las personas, si no contra el modelo mediante bombas de ruido son simplemente acciones que dejan de manifiesto que algo anda mal, un estruendoso llamado de atención de guerra declarada contra el sistema imperante.
Y es que si bien en otros países de nuestra vecina América, los pueblos han alcanzado niveles de democracia impensables de momento para Chile -partiendo por el binominal- ello se ha debido a que se han impulsado articuladamente y con un liderazgo que sabe trabajar horizontalmente, procesos de reflexión sobre el concepto de soberanía y una serie de estrategias que no deben ser confundidas con la táctica.
Por el fin a la persecución de quienes enseñan a los pueblos a defenderse y luchan junto a ellos; por la libertad inmediata de quienes luchan por la justicia social y ambiental.
Editorial | Bruno Sommer Catalán