Como respuesta a la profunda y persistente represión policial y judicial que nuestro sindicato viene sufriendo desde su creación hace apenas 3 años, el Comité Ejecutivo Nacional acordó por unanimidad el pasado viernes no asistir a más juicios ni citaciones policiales hasta que no cese la persecución contra el SAT.

Esta postura se hará efectiva a partir de hoy, y ha sido anunciada por Cañamero a la salida de un juicio en el que tanto él como Sanchez Gordíllo han declarado como imputados por “desórdenes públicos”.

En tal juicio, se les estaba acusando de desórdenes públicos por los hechos ocurridos delante de la Casa Rosa el año pasado. Allí los trabajadores concentrados fueron desalojados violentamente por la policía nacional. El desalojo tuvo como consecuencia varios trabajadores heridos, algunos de los cuales fueron evacuados en ambulancia hasta hospitales cercanos.

Entre los heridos se encontraba el propio Juan Manuel Sánchez Gordillo al que salvajemente le inmovilizaron en el suelo varios policías que le doblaron el brazo y le insultaron, no respetando su condición de parlamentario. Sánchez Gordillo precisó de atención médica durante meses debido a esa agresión.

Otro trabajador fue evacuado en ambulancia debido a un infarto provocado por la tensa situación que generó la carga policial. Hay que hacer constar que esta carga se realizó contra jornaleros y jornaleras que permanecían sentados pacíficamente delante de la Casa Rosa y muchos de los cuales eran personas mayores.

La sentada fue debida al rechazo por parte de las autoridades a recibir a una delegación de los trabajadores y trabajadoras que habían realizado una marcha reivindicativa de 60 km a 40º C, en pleno verano, para protestar contra el desempleo masivo.

A la salida de los juzgados, Diego Cañamero, portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores, ha anunciado la medida acordada por el comité ejecutivo nacional y ha denunciado lo que considera una “persecución” por parte de los poderes públicos hacia una formación que ha cumplido “35 años de lucha pacífica“. “Nunca hemos tirado una piedra ni roto un cristal, y hemos ocupado bancos, fincas, aeropuertos…”, señala Cañamero.

“Nuestro sindicato”, ha manifestado Cañamero, “es radical en el fondo de sus planteamientos, pero no en la formas. Siempre hemos dialogado, negociado… con la Policía, con la delegación del Gobierno, siempre hemos mantenido una actitud colaboradora.Nuestra lucha es como la de Gandhi“.

En estos momentos, el sindicato tiene a 350 militantes procesados, 400.000 euros en multas pendientes de pago y peticiones de 53 años de cárcel. Y los sindicalistas no entienden por qué. “¿Pero qué pasó en la Casa Rosa, que lo que hicimos fue una sentada de protesta porque no nos quisieron recibir después de recorrer a pie 60 kilómetros? ¿Qué pasó en la última protesta en el puente del Centenario para que a los diez detenidos les pidan 3.400 euros de fianza a cada uno? Son jornaleros, no tienen nada, ni dinero ni trabajo, y además no han hecho nada como para castigarlos y perseguirlos así”, protesta Cañamero.

El mismo día en que el comité ejecutivo nacional del sindicato adoptaba esta radical medida, los dirigentes hacían una colecta para poder hacer frente al pago de la fianza de una militante de Córdoba que tiene pendientes más de 20 juicios. “La situación ha llegado a ser insostenible, hemos dejado de creer en los juzgados”, ha dicho Cañamero.

Los dirigentes SAT están dispuestos a asumir las consecuencias que se deriven de su decisión. “Que nos detengan, que hagan lo que quieran… Pero nosotros no vamos a aciudir a ninguna citación más ni del juzgado, ni de la Policía ni al cuartel”.

“Es una injusticia, estamos siendo víctimas de una represión brutal, y en más de treinta años de vida nosotros siempre hemos mantenido una lucha pacífica, como la de Gandhi”, concluye Cañamero.

El SAT, heredero del SOC, con una práctica de lucha pacifista durante 30 años, está siendo criminalizado por el Gobierno. Prueba de ello es que se les exigen 400.000 euros en multas, 53 años de cárcel y tienen procesados a 350 compañeros y compañeras.

Lógicamente, esta importante decisión requiere de un fuerte rearme no solo interno del SAT, sino del apoyo de todos aquellos movimientos sociales comprometidos y preocupados por la creciente pérdida de derechos jurídicos, laborales y civiles.

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COMUNICADO OFICIAL DEL SAT

Esta mañana, tras la finalización de un nuevo juicio político contra el SAT, nuestro portavoz nacional, Diego Cañamero, ha anunciado públicamente la decisión adoptada por unanimidad por el Comité Nacional celebrado el pasado viernes 15 de octubre en Osuna.

El máximo órgano de decisión del SAT entre congresos ha decidido responder ante la profunda y persistente represión policial y judicial que nuestro sindicato viene sufriendo desde su creación hace apenas tres años con una campaña pacífica de desobediencia civil que consistirá en no acudir a más juicios farsa mientras no cese la persecución contra el SAT.

No es tolerable en “democracia” la persecución oficial que el Gobierno sostiene contra el SAT. El SAT, heredero del SOC, con una práctica de lucha pacífica durante 30 años, está siendo criminalizado por el Gobierno. Prueba de ello es que se nos exige 400.000 euros en multas, 53 años de cárcel y tenemos procesados a 350 compañeros y compañeras.

Y con esta decisión, tomada serenamente, sin acaloramientos de última hora, pensada y reflexionada seriamente queremos decir basta a los contunuos atropellos antidemocráticos que venimos soportando por luchar contra la crisis y su dramática consecuencia, el paro masivo.

Somos conscientes de las consecuencias legales que esta actitud puede conllevar pero estamos dispuestos a asumir los costes, incluida la cárcel, si fuera necesario.

No vamos a participar en más juicios con guiones prefijados por el poder. Estamos cansados de que nos condenen sin causa real alguna y después de recibir palos y maltrato policial por el simple hecho de gritar contra el paro y la miseria.

Estamos hartos de tanta multa discrecional por parte del Gobierno. Y para colmo, en algunos casos, la multa se ha realizado sobre personas que ni siquiera han estado presentes en el lugar de los hechos. Hasta ahí llega el esperpento de un poder al que le molesta que se le diga la verdad.

El SAT va a continuar luchando, defendiendo los intereses de la clase trabajadora y del pueblo andaluz con dignidad y la frente bien alta contra éste o contra cualquier otro gobierno que maltrate a los pobres y enriquezca a los ricos. No nos van a doblegar, seguiremos luchando hasta las últimas consecuencias por todos los medios pacíficos que estén a nuestro alcance.