Mientras Amnistía Internacional volvía a denunciar que el estado español aplica la incomunicación pese a las recomendaciones y exigencias de diferentes instituciones europeas e internacionales, el Defensor del Pueblo español, Enrique Múgica, defendía ante los enviados de la ONU que él no había visto ni una sola denuncia de torturas, y afirmaba que habían inspeccionado numerosos centros de detención. Con estas declaraciones obviaba las decenas de denuncias que se han presentado por torturas en los últimos meses. Organizaciones que luchan contra la tortura y por el respeto de los derechos humanos criticaron a Enrique Múgica.