Jugando con fuego está la sociedad española en estos momentos. El aspecto de la realidad que cambia cuando el verbo “militarizar” comienza a hacerse tangible sobre ella, habitualmente es más que temido, y con razón. No así en esta ocasión. Incluso los poderes políticos que implementan estos días en el estado recortes de derechos dignos épocas que desearíamos tener en el olvido deben encontrarse sorprendidos, no solo ante la falta de respuesta, sino ante el exceso de aplauso.

En cualquier caso, curados ante sorpresas de esa índole deben andar ya políticos y magnates tras la falta de respuesta social real a su reforma laboral de hace unos pocos meses y a las medidas liberalizadoras y de recortes de prestaciones más recientes.

Precisamente por eso urge que la sociedad del estado español despierte cuanto antes de un sueño hecho de adoctrinamientos masivos, chantajes emocionales (como la crisis aeroportuaria) y estados de desinterés y pasividad. La militarización directa de todo un sector laboral e indirecta de toda la sociedad que estamos viviendo estos días es un hecho muy grave, y el alcance de sus consecuencias puede ser funesto.

Dicha militarización ha sido implantada en dos tiempos casi inmediatos:

1.- Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, que de forma inaudita y –bajo nuestro criterio- inconstitucional, establece la obligatoriedad de someterse a control y jurisdicción militar a todos los miembros de una determinada profesión: el control de tráfico aeroportuario.

2.- Declaración del Estado de Alarma, que también podría ser inconstitucional, y que faculta al gobierno, entre otras cosas, para realizar todo tipo de requisas y conscripciones a cualquier persona de la sociedad.

Aunque una gran mayoría de personas, según las encuestas, están encantadas con la implantación de estas medidas que supuestamente han “liberado” a los miles de españoles “secuestrados” por los controladores aéreos en los aeropuertos, españoles que estaban “incapacitados para ejercer su derecho a la libertad de circulación”, esta doble vuelta de tuerca militarizadora supone una fortísima involución en el llamado “estado de derecho”, y es el rubicón de futuras medidas, aún más profundas, cuya posible declaración ha quedado habilitada y socialmente legitimada.

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