Celdas de aislamiento. Insultos y palizas. Hacinamiento. Son los CIE, los nueve centros de internamiento para extranjeros de España. Los llaman los ‘guantánamos españoles’, una referencia a la base norteamericana situada en Cuba, por ser también lugares donde parecen esfumarse los derechos. Un trabajador social y un ex interno nos cuentan su paso por ellos. “A un chaval marroquí le apalearon, le desnudaron, le pusieron en cuclillas y le empezaron a pegar patadas. Le acusaron de haberle dado a otro compañero un teléfono móvil. Le pusieron la foto de su madre delante en el suelo, y la pisotearon”. Esta es una de las imágenes que a Pedro se le han grabado en la memoria tras su paso como trabajador social de un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Convencido por su experiencia con inmigrantes, hace unos meses quiso “meterse en el ojo del huracán” y “ayudar desde dentro”. Ahora, meses después, sólo quiere denunciar la situación que viven los miles de inmigrantes sin papeles que pasan cada año por estos centros en España.

“Mi primer día en el CIE uno se tiró por la escalera”, relata Pedro (nombre falso de un trabajador social) que habla de un “clima depresivo” y de “mucha tensión” entre los extranjeros que han sido detenidos por estar en España sin papeles. Según él, los policías presentes se limitaban a verlos pegarse “riéndose sin hacer nada”, para después castigarlos en celdas de aislamiento, incomunicados, durmiendo en el suelo y con sólo una pequeña ventana.

A los cuatro meses, Pedro decidió no seguir siendo parte de un lugar donde, según él, se practica una “tortura sofisticada”, bajo la forma de amenazas, insultos racistas, y se “deshumaniza poco a poco” a los internos. “El edificio en sí es una tortura, todo está hecho para torturar. La gente que venía de la cárcel pedía que por favor les devolvieran a prisión”.

“Pensé que iba a volverme loco”

Jérôme vivía en España desde que llegó de Malí hace tres años. Estaba sin trabajo, y tenía una pareja española, cuando la Policía Nacional le pidió un permiso de residencia que nunca consiguió. Tras dos días en el juzgado y cinco minutos de juicio, Jérôme llegó al CIE en el barrio madrileño de Aluche, donde pasaría los siguientes 58 días.

“Lo primero que me dijeron es que ahí se llamaba a la gente con un número”. Pronto comprobó las condiciones del centro. “No te dan nada: un colchón y una manta, pero nada de aseo”. Para él, lo peor del ingreso fue no poder avisar a nadie dónde estaba. “Cuando me detuvieron di el número de teléfono de mi novia y de mi abogada, pero no los llamaron”.

A los pocos días, comprendió que los insultos, sobre todo de carácter racista, y las palizas no eran una excepción. “Te encontrabas gente sin poder moverse”, dice este joven sonriente de Malí, que llegó a pensar que iba a volverse loco después de ver a hombres mayores llorando solos, y de conversaciones en las que sus compañeros le contaban que sus familias no sabían dónde estaban.

Tras cumplir 60 días de arresto en un CIE, si no se ha ejecutado la deportación, la persona tiene que ser puesta en libertad, aunque señalada con una orden de expulsión que él mismo debe aplicarse. Ése fue el caso de Jérôme, que se quiere quedar en España, pero sabe que esa orden le impedirá cualquier tipo de contrato legal: de trabajo, de piso, de teléfono… es decir, lo mantendrá en la ilegalidad permanente.

Tensión por el hacinamiento

Desde el ministerio del Interior, cartera responsable de los CIE, defienden que estos dispositivos cuentan “con todas las garantías” propias de “un estado de derecho”. Fuentes de este ministerio recuerdan que los CIE están “sometidos al control” de distintas instituciones, y si bien reconocen “críticas puntuales” por parte del Defensor del Pueblo, al mismo tiempo aseguran que el Parlamento Europeo “no ha cuestionado el funcionamiento” de los CIE.

Desde el ministerio español no dudan en afirmar que “en ningún caso es verdad” que se produzcan hacinamientos. Respecto a las denuncias por malos tratos por parte de la Policía Nacional, sostienen que ha habido “algunas puntuales”, y que siempre se han abierto las “correspondientes investigaciones”.
Por su parte, desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), su portavoz José María Benito, se lamenta del “hacinamiento” y de unas “condiciones muy malas” en los CIE. Según Benito, estos centros “no reúnen las mínimas condiciones” para los internos, por lo que los policías que allí trabajan “sufren también la tensión” que se vive dentro de ellos.
Respecto a las denuncias de abusos por parte de miembros de la Policía Nacional, desde el SUP subrayan que “no les consta” que existan “de forma generalizada”, aunque conceden que “puede haber algún caso aislado”

“Eso es tortura”

Distintas ONG de apoyo a los inmigrantes califican los CIE como los “Guantánamos españoles”, por las vulneraciones de derechos humanos que allí ocurren y el hecho de que se niegue el acceso tanto a periodistas como a muchas organizaciones sociales. En este sentido, Javier Ramírez, coordinador de SOS Racismo Madrid señala “una total falta de transparencia de lo que allí ocurre”. Para este abogado, en los CIE “se niegan o dificultan derechos básicos como el acceso a la Justicia”, lo que permite que las posibles agresiones policiales queden impunes.

Por su parte, Ignacio Trillo, abogado de la asociación Ferrocarril, denuncia que la realidad de los CIE “se corresponde perfectamente” a la definición de tortura que especifica la ley española. “En los CIE sí hay tortura, se trata de una violencia sistemática, un sistema de miedo que empieza en las redadas en la calle”, añade. Un miedo que Jérôme todavía tiene, y que parece contagiarse entre todos los extranjeros que no consiguen el permiso para vivir en España.