Introducción

La educación ha sido siempre un importante recurso para la legitimación del sistema político de un Estado y la transmisión de valores a través de las distintas generaciones. El interés por dominar el sistema educativo ha sido una constante a lo largo de la historia por los distintos grupos de poder, sabedores de su importancia.

En el caso del Estado español, a partir de la Constitución de Cádiz de 1812 existieron varios intentos por establecer una legislación general en materia de educación, materializada finalmente en 1857 con la conocida como Ley Moyano, una ley que puso las bases del sistema educativo durante más de 100 años y que estatalizó definitivamente la educación, colocándola en manos de los gobiernos de turno, a diferencia de otros modelos nacionales donde la responsabilidad educativa recaía en los parlamentos.

Como sabemos, Estado e Iglesia en el ámbito español han sido históricamente dos términos sinónimos. Aún con el comienzo de la legislación estatal, el dominio de la Iglesia en materia educativa siguió intacto, con algunas breves excepciones, como la Revolución de 1868 que dio inicio al Sexenio Democrático (germen de la Institución Libre de Enseñanza) o la II República donde se intentaron desarrollar algunas interesantes propuestas como la ampliación del currículum de la escuela primaria, la atención al mundo rural o la modernización de la formación de los maestros, del bachillerato y de la enseñanza universitaria.

En 1936 tuvo lugar el golpe de Estado fascista encabezado por Franco al que le siguió la Guerra Civil que finalizó tres años después con cientos de miles de muertos y un país destrozado y sumido en una pesadilla de barbarie y oscuridad que duraría 40 años y de la cual, todavía hoy, queremos despertar.

La educación como herramienta política durante el franquismo

En el comienzo de la dictadura, Franco y la Falange Española quisieron seguir el ejemplo de Estado totalitario de los regímenes fascista y nazi que todavía gobernaban en Italia y Alemania respectivamente. En esta primera época, las preocupaciones educativas del franquismo giraban en torno a dos ejes:

En primer lugar, eliminar cualquier indicio a republicanismo, anarquismo, comunismo, etc. de la educación, incluyendo, lógicamente, al profesorado. En segundo lugar, desarrollar una nueva “pedagogía” para la formación del “Nuevo hombre español” bajo valores como autoridad, jerarquía, disciplina y elitismo.

Durante estos primeros años se reformó el bachillerato (Ley de 1938) y la universidad (Ley de 1943) para adecuar la formación de las nuevas clases directivas con un currículum basado en cultura clásica y catolicismo, aunque era la Falange Española la que continuaba inspirando mayormente estas reformas.

En 1945 finaliza la Segunda Guerra Mundial. Franco se queda sin aliados políticos en Alemania e Italia y modifica su estrategia para perpetuarse en el poder buscando el apoyo incondicional de la Iglesia Católica utilizando como moneda de cambio el sistema educativo. En julio de 1945 se aprueba la Ley de Educación Primaria que es todo un ejemplo de exaltación ultracatólica. Esta ley, junto con el Concordato de 1953 supone la entrega definitiva del sistema educativo español a la Iglesia Católica quién, a cambio, le da apoyo político, estabilidad y legitimidad internacional. Nacía oficialmente el Estado Nacionalcatólico español.

En el Artículo XXVI de dicho Concordato podemos leer:

Los Ordinarios ejercerán libremente su misión de vigilancia sobre dichos centros docentes en lo que concierne a la pureza de la Fe, las buenas costumbres y la educación religiosa.

Los Ordinarios podrán exigir que no sean permitidos o que sean retirados los libros, publicaciones y material de enseñanza contrarios al Dogma y a la Moral católica.”

La transición: La Iglesia católica se asegura sus privilegios mediante la Constitución

En los siguientes 20 años apenas se producen modificaciones significativas. La educación seguía en manos de la Iglesia que la utilizaba como perfecto mecanismo para transmitir sus valores y homogeneizar la moral mediante la pedagogía de la violencia, el miedo y la irracionalidad.

En 1970 llegaría la Ley General de Educación (LGE) que regulaba todo el sistema educativo, y venía a sustituir, después de 100 años, a la Ley Moyano. La LGE fue un intento de actualización de la educación española impulsada por los tecnócratas franquistas cuya intención de modernización iba más encaminada hacia términos económicos y productivos que hacia los valores del propio sistema. Esta ley quedará en la memoria como la creadora de una estructura basada en la EGB, el BUP, el COU y la Formación Profesional que todavía hoy sigue teniendo interiorizada gran parte de la sociedad.

Cinco años después de la aprobación de la LGE muere el dictador y le sucede en la Jefatura de Estado el Rey Juan Carlos I, tal y como decidió Franco, quién a su vez designa a Adolfo Suárez como Presidente de Gobierno. En 1977 se celebran las primeras elecciones generales desde la II República que ganó la UCD de Adolfo Suárez y se desarrollan los Pactos de la Moncloa que de forma consensuada entre posfranquistas y opositores, ponen las bases del continuismo político que tiene su reflejo en la Constitución Española de 1978.

Sentados en la mesa de negociación la izquierda descafeinada socialista y la derecha católica posfranquista de la UCD, llegaron a acuerdos para que la Iglesia Católica pudiera continuar con sus privilegios en materia de educación y controlando, ya sólo parcialmente, el propio sistema educativo que presumiría de ser público y gratuito. Los socialistas pretendían poner el énfasis en el derecho educativo, los posfranquistas católicos en la libertad de enseñanza para asegurarse la hegemonía de forma legal. En principio parece que la cosa quedó en tablas como se puede leer en el primer apartado del Artículo 27 de la Constitución:

“Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.”

La UCD aceptó un mínimo control del Estado en todos los centros financiados con dinero público, el PSOE aceptó plenamente el poder eclesial y se creó un sistema prácticamente inédito compuesto por: Colegios públicos, colegios privados y colegios privados sustentados con fondos públicos o colegios concertados. Estos colegios concertados se convirtieron en el gran invento para no molestar a la Iglesia y dejar intacto su poder e influencia.

En esta misma época también se firmó el “Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales de 3 de enero de 1979” que hoy día sigue en vigor y mediante el cual, entre otras cosas:

• Se establece como obligatoria para todos los centros la asignatura de religión católica, aunque voluntaria para el alumnado
• Se asegura que los profesores de religión sean elegidos por la Iglesia y pagados con dinero público
• Se establece que la jerarquía eclesiástica será la que diseñe el contenido de las asignaturas de religión
• Se obliga a que en la formación de maestros existan asignaturas de religión católica al menos de forma optativa
• Se especifica que los centros de la Iglesia tendrán beneficios fiscales

En la actualidad

Desde la aprobación de la Constitución, cabría destacar la aprobación de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE) de 1985 por la que se regula entre otras cosas, el sistema de conciertos de centros privados y la famosa Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) promulgada en 1990 y que venía a sustituir de forma global a la LGE de 1970 y cuya estructura básica se mantiene hoy día.

Durante el bipartidismo PP-PSOE de los últimos 30 años, la educación se ha convertido en un arma arrojadiza con fines electorales y diferentes leyes han sido aprobadas y derogadas por unos y otros sin que se reflejen en evidentes mejoras del sistema educativo ni en un avance en la separación entre Iglesia y Estado en el ámbito educativo.

Actualmente se destinan 4.100 millones de euros al año de dinero público para cubrir los gastos de educación de la Iglesia Católica. 600 millones son destinados a pagar al profesorado que imparte religión y 3.500 millones de euros para los 2.400 colegios que continúan adoctrinando en la fe católica a los cientos de miles de estudiantes que llenan sus aulas.

Los acuerdos de 1979 con la Santa Sede siguen en vigor, el contenido de la religión y el profesorado que imparte la asignatura en los centros públicos continúa siendo elegido directamente por la Iglesia, mientras que para el resto de materias son seleccionados mediante oposiciones. El sistema de financiación también continúa en la actualidad, los símbolos religiosos, los beneficios fiscales, etc.

Algunos mitos sobre los colegios concertados

Por su singular presencia e importancia, es necesario hacer especial mención a los colegios concertados. Existen algunas ideas infundadas en la sociedad acerca de los colegios concertados que vamos a intentar aclarar brevemente:

Mito 1: Los colegios concertados son necesarios porque le ahorran mucho dinero a la administración: Ya hemos visto que la creación de la figura de los colegios concertados fue únicamente una decisión política para evitar enfrentamientos con la Iglesia Católica durante la Transición. Respecto a los motivos económicos, podemos considerar que un colegio concertado es como un “colegio alquilado”. Si el objetivo de la administración es alquilar el colegio durante 1 año, evidentemente sale más rentable que construir un nuevo centro, sin embargo, si la duración del alquiler es de 100 años, sería mucho más barato construir y mantener un colegio público.

Mito 2: La administración se ahorra dinero con los profesores de los colegios concertados pues cobran mucho menos que en los centros públicos: Los docentes de los colegios concertados cobran prácticamente igual que los de centros públicos, las mayores diferencias están en los sexenios (ejemplo de Andalucía).

Mito 3: En los centros concertados hay mejores profesores y se educa mejor: Lo cierto es que en los colegios concertados los docentes no tienen que pasar ninguna prueba específica, más allá de alguna entrevista con los gestores del centro donde suele darse más importancia a los valores religiosos que a sus capacidades pedagógicas. En la contratación en este tipo de colegios es muy frecuente el amiguismo y el enchufismo.

Por otro lado, los trabajadores de centros concertados suelen denunciar la explotación y precariedad laboral repecto a la cantidad de horas extras no remuneradas, la presión ideológica a la que están sometidos, los contratos por menos horas de las que realmente trabajan, la obligación de tener que asistir a actividades extraescolares como las actividades pastorales sin reconocimiento de las horas, la contratación de jóvenes en prácticas que despiden antes de hacerlos indefinidos, etc. No en vano, es habitual que una gran proporción de los docentes de colegios concertados, sobre todo jóvenes, se presenten periódicamente a las oposiciones para poder ejercer la enseñanza en los colegios públicos. También es frecuente que el profesorado tenga que ocultar sus verdaderas tendencias e ideas religiosas para mantener sus puestos de trabajo.

Mito 4: Al fin y al cabo, un colegio concertado funciona igual que uno público: Sólo aparentemente. Los titulares de los centros concertados son los que realmente llevan el peso de la institución, revistiendo de democracia las decisiones mediante el claustro o el Consejo Escolar gracias al clima de censura y falta de libertad que suele primar. Además, sus idearios suelen ser documentos de apología católica cuyo único objetivo es la evangelización.

Conclusiones

Como hemos comprobado, la relación entre Estado, Iglesia y educación ha permanecido prácticamente inalterada en los últimos siglos. La Iglesia Católica sigue teniendo en sus manos la moral y los miedos de cientos de miles de niños y niñas con los que se asegura su supervivencia. Los gobiernos siguen alternándose uno tras otro sin tomar ninguna medida que coloque fuera del ámbito de lo público a la Iglesia y a sus congregaciones como el Opus Dei, los Legionarios de Cristo, etc. cuyo poder e influencia es todavía mayor del que muchos pueden llegar a imaginar.

Y mientras continúan los debates sobre la calidad de la educación en el Estado español, el debate sobre el modelo escolar se quedó en el olvido. Mientras se discute sobre la manipulación atea de la asignatura Educación para la Ciudadanía, se evangeliza y confunde a cientos de miles de niños y niñas con dinero público. Mientras no hay fondos para el mantenimiento de los colegios públicos, 3.500 millones de euros se destinan a colegios de una institución privada. Mientras a los trabajadores públicos de la enseñanza se les recorta el sueldo, 600 millones de euros se destinan a pagar a los docentes católicos. Mientras en la Constitución se preconiza la libertad de enseñanza, la única libertad que existe es la de la Iglesia Católica para seguir manipulando conciencias y viviendo de las rentas de su apoyo al dictador Franco. Mientras la Iglesia habla de paz y amor, su connivencia con el fascismo, el nazismo y franquismo mancha de sangre sus crucifijos sin que haya sido condenada, sin que, ni tan siquiera, haya pedido perdón.

Referencias

Además de los enlaces marcados en el texto, se ha utilizado como material de apoyo el libro: Puelles Benítez, M. (2004). Política y Educación en la España Contemporánea. Madrid: UNED

Foto tomada del Blog Todos los Rostros: Los niños perdidos del franquismo

Koopiloto G.R.

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