Adigsa reconoce 53 pisos oficiales con intrusos en el área metropolitana
Martes, 1 de junio del 2010. El Periódico.
Ya no se trata de casos aislados ni de invasiones concretas. La ocupación ilegal de viviendas de protección oficial vacías, mejor conocida como «vivir de patada», se extiende por los barrios más necesitados de Barcelona. Adigsa, la empresa pública de la Generalitat, ha terminado reconociendo, al menos, 53 viviendas ocupadas por familias que han entrado a puntapiés, según cifras aportadas a este diario. El problema se ha detectado con mayor intensidad en Barcelona, L’Hospitalet, Badalona, El Prat y Sant Boi.
El Gornal, en L’Hospitalet de Llobregat, y Sant Roc, en Badalona, encabezan la lista de barrios con más ocupaciones, con 11 pisos afectados cada uno. En los barrios afectados también abundan los pisos municipales vacíos y viviendas privadas que han sido embargadas por los bancos por impago hipotecario, un caldo de cultivo idóneo para las invasiones a patadas.
Adigsa asegura que mantiene unas 203 viviendas deshabitadas en estos municipios del área metropolitano que están reservadas para «emergencias sociales», es decir, para casos de familias con necesidades extremas. No obstante, la empresa también reconoce que unos 150 pisos de su propiedad no están habitados por la lentitud burocrática para encontrar a los beneficiarios a través de un proceso «riguroso y garantista».
CORRECCIONES / Carme Trilla, secretaria general de Habitatge de la Generalitat, reconoció a este diario que hasta ahora los trámites para reasignar viviendas protegidas que habían sido abandonadas por sus adjudicatarios habían sido lentos. La lentitud en los procesos ha creado un importante número de pisos vacíos, debido a los largos y engorrosos trámites administrativos para reasignar la vivienda. Si un inquilino de una vivienda social se marchaba del piso, se debía hacer un nuevo proceso de adjudicación, con sorteo incluido, que alargaba la situación.
«Para corregir este problema, creamos el registro único y ahora en cada sorteo hay una lista de espera larga. De modo que si algún ganador renuncia a la vivienda, podemos llamar a los de la lista de espera», explica Trilla.
De los 2.000 pisos que Adigsa tiene en la ciudad de Barcelona, casi unos 400, es decir, el 20%, no están habitados por diferentes razones. Buena parte de ellos están a punto de ser entregados y la Generalitat espera que el próximo verano esa cifra se reduzca a 200. «Es muy dificil bajar de los 200 pisos vacíos porque necesitamos que entre el 8% y el 10% de las viviendas no estén ocupadas por si ocurre una situación de emergencia», explica Trilla. «La situación no es fija sino que constantemente hay gente que abandona sus viviendas y la readjudicación nunca podrá ser inmediata», agrega.
LEGALIZACIONES / Adigsa ha reconocido que ha debido legalizar la situación de algunos ocupantes ilegales. Se trata de los casos en que un adjudicatario legal se muda y deja la vivienda a algún familiar. La empresa reconoce que no es una medida del todo justa, pero si observa que los ocupantes ilegales cumplen los requisitos, terminan por regularizar su situación para evitar el largo proceso judicial que implica el desalojo y la convocatoria de un nuevo concurso para adjudicar el piso.
La empresa también sostiene que el problema de ocupación de pisos «no es ninguna novedad» y que desde la fundación de la empresa, hace unos 25 años, siempre han contado con un departamento jurídico que se dedica a desalojar a los habitantes ilegales. Pero con las crecientes dificultades económicas y el aumento del paro, los casos de ocupaciones han aumentado.
Gran parte de los habitantes ilegales de viviendas públicas han sido demandados por una cantidad que ronda los 70.000 euros, lo que agrava aún más la situación de pobreza permanente que sufren estas familias. Solo en Barcelona la empresa ha abierto procesos judiciales contra 27 familias.
Viernes, 12 de noviembre del 2010. El Periódico.
Un hombre de 45 años que sufría depresión, enfermo y en paro se quitó la vida ayer en un parque de la calle Juan de Juanes en el barrio del Gornal en L’Hospitalet. M. P., que vivía con su esposa y una hija de 14 años, había recibido el jueves una demanda judicial por la ocupación ilegal que mantenía desde hace nueve meses en un piso protegido de Adigsa, la empresa pública de la Generalitat, que había quedado vacío.
El hombre se ahorcó en un parque a las 17.00 horas, según confirmaron sus familiares y dejó una carta de despedida que está siendo analizada por los Mossos d’Esquadra. Su mujer, Eva V., de 37 años, aseguró a este diario que estaba convencida de que su marido se quitó la vida porque sabía que los iban a desalojar. «Es muy triste que nos haya pasado esta desgracia solo por una vivienda», dijo la mujer que se enfrentará un juicio por ocupación ilegal el próximo 21 de diciembre y que teme quedarse en la calle. Adigsa reclama a la familia el pago de 9.000 euros por haber entrado «de patada» al piso, un método muy utilizado en una zona con decenas de viviendas oficiales vacías. Estos días la empresa ha enviado numerosas demandas de desalojo a las familias, algunas de las cuales han tenido que marchar por orden judicial, según explicaron los vecinos. Las decenas de ocupantes ilegales están a la espera de juicios y, con ellos, temen un desalojo seguro.
Ayer, los jefes de los servicios sociales del Ayuntamiento de l’Hospitalet acudieron a casa de los familiares a ofrecer su apoyo. «Llegaron algo tarde», les dijo una cuñada que había intentado tramitar un piso protegido para la familia.
HABITACIÓN COMO PISO / El hombre era electricista, pero se encontraba sin trabajo desde hacía varios años. Como su mujer, cobraba 400 euros de ayuda. Antes de ocupar el piso, la familia vivía en una habitación en un piso compartido con otras familias en el Poble Sec. «Por la mañana fue a visitar a su madre. Ella lo notó algo extraño, pero nunca se imaginó que podía ser capaz de hacer algo así», dijo una familiar.
El hombre, junto con su mujer y su hija, estaba acostumbrado a hacer toda su vida en la habitación que compartían en el Poble Sec, tanto que al llegar a la vivienda ocupada de El Gornal seguían comiendo y cenando en la habitación. «Es la costumbre», respondía a sus familiares cuando le reclamaban por no usar el comedor. La familia consiguió dar de alta los servicios de agua, luz y gas a pesar de no tener un contrato de alquiler legal. Desde ese momento su vida mejoró de forma sustancial. «Ya se sentían como una familiar normal», dijo un familiar.
El parque como piso
Una mujer en paro que ocupaba ilegalmente una vivienda protegida se instala con sus muebles en una calle del Gornal tras su desahucio
Jueves, 25 de noviembre del 2010. El Periódico.
Sucedió un día antes de lo previsto. Tenía que abandonar el piso de Adigsa que ocupaba ilegalmente en un bloque de viviendas protegidas del Gornal ayer, pero unas horas antes recibió la petición de abandonar la vivienda con antelación para evitarse el mal trago de la llegada de la policía, el juez y el desalojo por la fuerza. La mujer, de 30 años, en paro y con dos hijos, aceptó. Se marchó con sus cosas que ya había ido empaquetando días atrás. Bajó poco a poco los muebles, la cocina, las sillas, mesas, sábanas, ropa metida en cajas… Pero no tenía adónde ir. Guardó sus objetos de mayor valor en un trastero y el resto los dejó frente al bloque, donde los vecinos colgaron una pancarta: «Más ayudas».
De inmediato, montó una tienda de campaña para intentar protegerse del frío de la noche, pero la llamada de un vecino hizo que la Guardia Urbana se presentara en el lugar. «Me dijeron que desmontara la tienda o que me denunciaría. Como yo no quiero cargar con otra multa les dije que la retiraba yo misma»,
explicó a desahuciada.
La madrugada de ayer algunas vecinas bajaron a llevarle calentadores y le ofrecieron ayuda «para lo que necesitara». «Parte de la noche la pasé dentro de la portería porque no aguantaba el frío», dijo. Los policías ofrecieron a la mujer acudir a un albergue durante una noche, pero el ofrecimiento no fue aceptado. «Eso no me soluciona el problema. Salí de la vivienda porque Adigsa me dijo que si me marchaba antes del desalojo, me pondrían nuevamente en la lista de solicitantes de pisos protegidos. A ver si es cierto», explicó la mujer.
Tras su salida del piso, unos obreros procedieron a bloquear la puerta de la vivienda para evitar nuevas ocupaciones ilegales mientras permanece vacía. «Yo no entiendo este sistema. Echan a una mujer con hijos a la calle y cierran el piso para que no viva nadie. Aunque me lo expliquen mil veces no lo comprenderé», opinó ayer la vecina que ayudaba a la mujer.
La Guardia Urbana ha permitido a la afectada permanecer en la vía pública hasta ahora. Ayer, unos agentes tomaron fotos de las consignas de la pancarta de protesta, pero no intercambiaron palabra, según la desahuciada.
Hoy se celebra otro juicio para desalojar a una familia con dos hijos menores que también entró ilegalmente en otro piso protegido de Adigsa vacío. «Perdimos nuestra casa porque tuve que cerrar mi tienda de ropa y mi marido ya no encontraba trabajo con las reformas», explicó Juana Muñoz.
Al menos otras dos familias más también se enfrentan a juicios las próximas semanas por ocupaciones ilegales de pisos sociales.
Atacada la sede de Adigsa en respuesta a los desalojos del Gornal
1-12-10. Indymedia Barcelona.
La noche del 30 de noviembre del 2010, con un martillo y mucho odio, procedimos a reventar las puerta de entrada de cristal del edificio de ADIGSA en la calle Diputació 92, organismo (dependiente de ICV-EUiA) encargado de gestionar los pisos de protección oficial.
Por qué hemos atacado esta entidad de parásitos, bien simple, por destrozar, literalmente la vida a los demás, por desalojar a familias que habían ocupado bloques de viviendas en L’Hospitalet y que no tenían a dónde ir,… etc. A resultas de la orden de desalojo de estas familias, una persona acabó, fruto de la desesperación, suicidándose en un parque público a plena luz del día. Para más gracia, todavía ADIGSA ha demandado a estas familias, exigiéndoles miles de euros en concepto de “indemnización”, simplemente por haber estado viviendo en estos pisos algunos meses. Esto debe de ser lo que llaman la tolerancia y la igualdad democrática.
La otra noche sólo rompimos unas puertas de cristal. Si no se retira la demanda contra las familias, volveremos a la carga, y tal vez no sea sólo cristal lo que se rompa.
Si esto es la democracia, si a la dictadura del dinero le llaman libertad, si esta es la vida que nos dan, que se la metan donde les quepa. Nosotros luchamos por una vida que valga la pena, contra todo y todos los que nos lo impiden.
Ninguna agresión sin respuesta.
Barcelona, diciembre del 2010
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