El pasado día 22 de mayo de 2010, Carlos Emilio Prado Rodríguez, preso actualmente en el Centro Penitenciario de Madrid IV (Navalcarnero), decidió ponerse en huelga de hambre, debido a que, desde hace meses, viene solicitando una atención sanitaria que necesita pero que, a día de hoy, aún no ha recibido.

Carlos fue operado del menisco de la rodilla izquierda en febrero de 2010. Después de esta operación y a consecuencia de la falta de rehabilitación, que le fue prescrita por los médicos del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, pero de la cual, el Servicio Médico del citado Centro Penitenciario hizo caso omiso, Carlos se ve obligado a caminar, desde hace varios meses, con ayuda de unas muletas, lo que ha terminado agravando aún más su estado de salud y desde hace dos meses sufre desviación de columna y una lumbociática que le provoca terribles dolores, le impide incluso sentarse, y para la que, hasta ahora, no ha recibido ningún tipo de tratamiento (ni siquiera le están administrando calmantes para el dolor). Mientras, su rodilla está cada vez más hinchada por la falta de cuidados y rehabilitación, y sigue a la espera de que le hagan una resonancia que parece no llegar nunca.

A Carlos se le está negando el supuesto Derecho a una mínima asistencia sanitaria que le tendría que ser proporcionada tanto en el interior de la cárcel, como en el Hospital correspondiente, al cual, hasta el momento, se han negado a llevarle sin dar ningún tipo de explicación. Es por todo esto, que Carlos tomó la decisión de comenzar una huelga de hambre, por considerarla ya la única salida o medida de presión que le queda para que le proporcionen la atención médica que tanto necesita.

Desde que Carlos empezó esta huelga de hambre, no han sido pocos los intentos, llevados a cabo por carceleros y miembros del equipo médico de este “Centro de Exterminio”, por minar su moral y para que abandone esta protesta, haciendo comentarios de este tipo: “Bueno, así adelgazas un poco”, “vas a salir en una caja de pino”, o “eres un quejica”; e ignorando por completo el sufrimiento y el dolor que padece desde hace meses. Esta huelga de hambre le ha hecho perder, hasta el momento, 16 kg y se encuentra en riesgo de paro cardiaco con 150 pulsaciones. Hacemos máximos responsables de la situación actual de Carlos, de su estado de salud y de lo que le pueda suceder más adelante, al Servicio Médico del C.P. Madrid IV, comenzando por la Subdirectora Médica Rosa María García, el doctor Luis y el doctor Germán; a la Dirección de dicho Centro, con Petra Mínguez Pérez a la cabeza, y a sus carceleros.

Carlos es una de las muchas personas que cada día sufren en su propia piel las consecuencias de la situación sanitaria actual en las prisiones de todo el Estado español. La cárcel es una institución diseñada para producir y reproducir enfermedad. La personas privadas de libertad constituyen un alto porcentaje de población enferma y población en riesgo de enfermedad, sin embargo, la institución penitenciaria hace oídos sordos a esta grave cuestión y sigue habiendo entre un setenta y un ochenta por ciento de presos enfermos con necesidad de un tratamiento médico especializado que no tienen.

Cada cinco días muere una persona presa por motivos y circunstancias no naturales. Una de las principales causas de estas muertes (aparte de las palizas de los carceleros o los “suicidios” inducidos) son las condiciones de vida que se dan en la prisión, donde los escasos recursos materiales se ponen al servicio de los intereses de la Institución para administrar la mayor cantidad de sufrimiento posible a las personas que están encerradas y donde la asistencia médica es más que catastrófica. Con médicos generalistas que hacen las funciones de los especialistas y que dependen de Instituciones Penitenciarias en vez de depender de los servicios de salud generales (son funcionarios de prisiones antes que médicos) , con la inexistencia de un registro epidemiológico (pese a que la mayoría de presos enfermos sufren enfermedades infecto-contagiosas, como el VIH-SIDA, hepatitis y tuberculosis, enfermedades cardiovasculares y respiratorias) con un espacio muy reducido y compartido por sanos y enfermos ,con una falta total de accesibilidad a los servicios sanitarios y con una actitud irresponsable y muy lucrativa con respecto al tema de los estupefacientes.

Las cárceles sirven como depósito de personas enfermas, abandonadas a unas condiciones de vida que hacen que empeore mucho más su estado de salud. Personas que ahí dentro se vuelven invisibles a la sociedad que no quiere ver, que mira hacia otro lado, que calla y otorga, y que en el peor de los casos, incluso aplaude. El Derecho a la salud y por tanto el Derecho a la vida, no tienen cabida en una Institución que, tras el argumento de la reinserción, oculta la pena, el sufrimiento y el castigo como principio de su existencia y que lleva a cabo una pena de muerte encubierta con cada preso enfermo que sucumbe tras sus muros y con cada agravio que tras ellos se produce.