Petr Silaev llegó este verano a Granada para pasar 15 días de vacaciones y ya no pudo salir de España. No podrá hacerlo hasta que la justicia determine si tiene que ser extraditado o no a Rusia, su país de origen. En agosto fue arrestado porque sobre él pesa una orden internacional de búsqueda y detención a raíz de su participación en una protesta contra el Gobierno que terminó con altercados. Silaev niega haber hecho nada ilegal y alega que Finlandia le concedió la condición de refugiado político.

Este periodista de 27 años reconoce que en 2010 estuvo en una manifestación, afirma que legal, contra la construcción de una autopista entre Moscú y San Petersburgo, un proyecto contra el que existe un combativo movimiento ecologista porque esa carretera pasa por el bosque de Jimki, situado junto a la localidad del mismo nombre. Las autoridades rusas le acusan de colaborar en el asalto a la alcaldía de ese municipio cercano a la capital. Los árboles ya han sido cortados, pero la oposición a esta construcción se ha convertido en una causa simbólica para el movimiento ecologista ruso.

“Como conocido activista, escritor y periodista de izquierdas, las autoridades me consideraron uno de los responsables e interpusieron una orden de arresto, que también comunicaron a Interpol”, relata. Ante esa situación decidió salir del país y solicitó asilo en Finlandia, que se lo concedió en marzo de este año. Así lo confirma la cónsul del país nórdico en España, Kirsi Aarniva, quien añade que la Embajada envió al juez la documentación que lo acredita a los pocos días de que Silaev fuese detenido.

El periodista asegura que durante los últimos meses había viajado sin problema a diferentes países europeos. Pero el pasado 21 de agosto, la policía se presentó en el hostal de Granada en el que se alojaba y se lo llevó preso. Interior informó en una nota de prensa de que era reclamado “por actividades relacionadas con la tenencia de armas y explosivos”, algo que a Silaev le desconcertó ya que le consta que Rusia le busca por “participar en una manifestación ilegal durante la que se arrojaron piedras, botes de humo y pelotas de goma”. La semana pasada le comunicaron en el juzgado que a esa lista se añade el uso de cócteles molotov. Él reitera que todo fue legal y que no se emplearon armas de fuego.

El detenido explicó su situación a los agentes españoles, les dijo que debía de haber un error, pero eso no impidió que al día siguiente lo trasladaran a Madrid, a la Audiencia Nacional, donde el caso recayó en el juez Ismael Moreno. La siguiente parada fue la madrileña prisión de Soto del Real, de donde salió ocho días después. Fue puesto en libertad pero tiene prohibido abandonar España.

Fuentes del Ministerio del Interior argumentan que la brigada de Extranjería comprobó que su situación era legal porque tiene el asilo político por parte de Finlandia pero al existir una orden de detención internacional tenía que ser puesto a disposición de la Audiencia Nacional, a la que, según las mismas fuentes, se avisó de su situación de extranjería legal. Desde el departamento que encabeza Jorge Fernández Díaz indican que la justicia tendrá que determinar si prevalece el asilo o los delitos por los que se le busca.

El caso, que dura ya más de dos meses, no tiene visos de un fin inmediato. Si la Audiencia resuelve que no se le entregue, el proceso finaliza. Pero si considera que sí debe ser extraditado, el Gobierno puede oponerse, “atendiendo al principio de reciprocidad o a razones de seguridad, orden público o demás intereses esenciales para España”, tal y como establece la ley de extradición pasiva.

Mientras su caso se resuelve, Silaev se ha visto obligado a alquilar una habitación en Granada. “Tengo algo de dinero ahorrado pero no va a durar mucho tiempo”, cuenta. “Estoy viviendo aquí por un horrible error burocrático, sin ninguna razón, privado de mi mujer y de mis actividades en Finlandia”, se lamenta. El último fin de semana de octubre tenía que haber estado en la Feria del Libro de Helsinki, presentando su última obra, y debía haber participado en dos conferencias. “Todo eso lo he perdido”, señala.

Varias ONG que se ocupan de los refugiados aseguran que si el Gobierno extraditase a Silaev estará incumpliendo normas internacionales como la Convención de Ginebra, firmada por España. “El principio de no devolución al país perseguidor, una vez reconocido el estatuto de refugiado, vincula a todos los países del mundo”, asegura Estrella Galán, secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Galán agrega que “la ley de extradición española prohíbe expresamente la extradición de los refugiados. Como mucho España puede devolverlo a Finlandia”.

El mayor temor de este periodista es que lo envíen a Rusia: “En mi situación, sería un completo infierno”.