El concert està patrocinat per la” Caja de ahorros del Mediterranio, (CAM)” i es celebrarà el dissabte 27 de Novembre en l’aula de “cultura” d’aquesta mateixa entitat bancaria. S’ha preparat una movilització per a l mateix dia, a les 18h. en el mateix lloc. Ni un suspir als maltractadors i a aquells que els financen!
Per a qui no sàpiga qué és O’Belen, és una de les empreses disfressades de ONG’s que gestionen centres de menors tancats. Els adolescents són una bona font de negoci ja que, la comunitat entrega 3.800 euros mensuals per cada plaza. A més a més, tenen financiació externa que procedeix rebent els contractes per a construir els seus centres de menors o com en aquest cas caixes d’estalvis, com la CAM , que amb la seua demagògica “obra social” ajuda a finançar a aquest grup de malparits i que sense oblidarnos dels artistes de torn, com en aquest cas en la “societat musical l’Harmonia” que sense cap tipus d’escrúpuls participen activament en aquests actes.
La fundació O’Belen porta a les seues esquenes la mort de 3 menors sota la seua custodia; Hamid A., que aparegué mort en l’interior de Picón de Jarama en Madrid. Abans havia mort Davis, de 12 anys, en Elx i mesos després morirà Saray, de 14 anys, camí al centre “Casa Joven”.
Amb les movilitzacions de la gent s’ha aconseguit clausurar tres centres de O’Belen, i s’ha forçat la dimisió del seu antic president Emilio Pinto, encara que hi ha empreses que han deixat de patrocinar, van a segui havent altres que ho fagen, es van a seguir finançant aquestes institucions, als xavals se’ls segueix i se’ls seguirà medicant i maltractant (partint de la base de que al tancar a una persona entre uns murs se li està ja maltractant).
“Hojas de afeitar recubiertas en veneno para ratas han sido enviadas a los mandamases de JP Morgan. Si no vendeis vuestras acciones en la Fortaleza os vamos a atacar pronto. Recuerde el préstamo que le dio a HLS, usted no querra tener la sangre de los animales y su personal en sus manos.
Hace dos años, Hamid A., apareció muerto en el interior de Picón de Jarama. Era el segundo chaval que moría bajo custodia de O’Belén; antes había fallecido David, de 12 años, en Elche y meses después moriría Saray, de 14 años, camino al centro “Casa Joven”. Según testimonios de sus compañeros Hamid se ahorco estando en aislamiento, pese a que éste es un castigo prohibido por las Naciones Unidas precisamente porque genera riesgo de suicidio en los niños.
La fundación O’Belén es una de las empresas disfrazada de ONG´S que gestionan centros de menores cerrados. Los adolescentes son una buena fuente de negocio ya que, la comunidad entrega 3.800 euros mensuales por cada plaza. Además, tiene financiación externa que procede de aportaciones “solidarias” de entidades privadas como inmobiliarias que luego acaban recibiendo los contratos para construir sus centros de menores.
Los menores son encerrados sin haber sido condenados por ningún delito, se recluye a los chavales del sistema público de protección de menores porque tienen supuestos “problemas de conducta”. Son encerrados indefinidamente en Picón de Jarama sin posibilidad de defender su libertad puesto que en teoría es una residencia de protección y les esta “re-educando”.
A parte de una vida sin libertad, dentro de estos centros como dentro de toda cárcel solemos encontrar:
– Torturas psicológicas
– Inasistencia médica
– Torturas físicas
– Medicación forzosa, psicofármacos sin prescripción médica simplemente “para que los chavales estén tranquilos”
– Aislamiento.
– Cacheos integrales, humillación, hacerles desnudarse porque si y ponerles de cuclillas.
– Violación de la libertad de comunicación.
– Muertes, suicidios…etc.
Con la movilización de la gente se ha conseguido que dos centros de O’Belén, Casa Joven y Nuestra Señora de la Paz se hayan cerrado, junto con “La Jarosa” son ya tres los centros que se han clausurado; el presidente de O’Belén, Emilio Pinto, fue forzado a dimitir, siendo sustituido por Javier San Sebastián; grandes empresas que patrocinaban a la “ONG” la han abandonado (Ibercaja, Peugeot, Endesa y MAPFRE); El aislamiento y las palizas son menos continuas y la medicación se usa de forma menos arbitraria, también han sido despedidos parte de los “educadores” que trabajaban en este centro.
Sin embargo aunque haya despidos va a seguir habiendo contratos, aunque hay empresas que han dejado de patrocinar va a seguir habiendo otras que lo hagan, se van a seguir financiando estas instituciones, a los chavales se les sigue y se les va a seguir medicando y maltratando (partiendo de la base de que al encerrar a una persona entre unos muros se le esta maltratando).
Es importante que se luche y se vayan consiguiendo cosas pero mientras sigan existiendo este tipo de centros, lo mencionado anteriormente seguirá ocurriendo, la solución no es que este tipo de instituciones cambien, sino que desaparezcan.
¡ABAJO LOS MUROS DE LOS CENTROS DE MENORES Y DE TODAS LAS PRISIONES!
Aunque los medios más poderosos del Estado lo oculten, hoy en España se practica la tortura. Lleva décadas siendo denunciado, y probado, pero el apego de los mass media a los réditos que da la escolta del poder y una lealtad al Estado mal entendida, la perpetúan.
Por Unai Aranzadi, * Periodista especializado en conflictos armados y Derechos Humanos.
EN el museo de la inquisición española de Santillana del Mar existe una buena gama de artilugios ideados para ejercer la tortura. Es fácil que al sobrecogido visitante le llame la atención, no sólo lo demencial de instrumentos y suplicios, sino el hecho de que gran parte de ellos fuesen concebidos para el escarnio en público. Que si unos para colgarte en un camino, que si otros para trocearte en una plaza… y así unos cuantos. En un rincón del museo, aún mas lúgubre si cabe, se hace una comparativa entre dos métodos semejantes, que aún siendo uno del pasado y otro del presente coinciden en la intención de crear dolor y luego, muerte. Se trata de la silla de pinchos y la silla eléctrica. En ambas se sufre y se muere, haciendo de la función, dudosamente ejemplarizante y netamente punitiva, la misma cosa, con la única diferencia del factor tiempo. En una se muere mas rápido. En la otra, más lento.
La tortura, como estas sillas, ha podido cambiar en muchos aspectos, pero sobre todos ellos cabe destacar una diferencia importante: la cuestión de su imagen pública. No significa necesariamente que resulte impopular esta forma de violencia o que se sepa de su existencia, sino más bien el hecho de que trascienda, de que se visibilice y valore a la luz de la opinión pública. Sin ir más lejos, y aunque los medios más poderosos del Estado lo oculten, hoy en España se tortura, sobre todo, a ciudadanas y ciudadanos vascos. Es un hecho que lleva no años, sino décadas probado y denunciado por Naciones Unidas, la Unión Europea, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y docenas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, públicas o privadas de todo el mundo.
En el último informe emitido recientemente por el equipo internacional de Martin Scheinin (el relator de Naciones Unidas para la defensa de los Derechos Humanos) se denuncia al Estado español como responsable de torturas frecuentes, a lo que el Gobierno de Madrid respondió que lo reflejado en estos documentos “no se corresponde a la realidad de la lucha contra el terrorismo, ni al sentir compartido de la sociedad española”. La primera frase, la de “no se corresponde a la realidad de la lucha contra el terrorismo”, es para los investigadores de Naciones Unidas simplemente mentira, pero la más subjetiva segunda frase, aquella del “sentir compartido de la sociedad española”, en caso de que fuera verdad, es inquietante, muy seria. Significaría que, o bien la sociedad española piensa que no se tortura, o bien que sabe de la existencia de estas prácticas, pero por un motivo u otro las tolera.
Si aplicamos la famosa máxima de Horacio Verbitsky según la cual “periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa”, en la cuestión de la tortura estamos ante un caso de urgencia periodística pura. Sin embargo, la prensa española con más visibilidad calla, evitando generar cualquier tipo de debate. Y es que ellos son en cierta medida responsables de que se siga torturando con impunidad, pues la gente si no sabe es porque no le informan, o si sabe (gracias a canales de información alternativos) y calla, debe considerarse bien legitimada, pues esa influyente prensa ensalzada por el Estado como paradigma de la democracia, también permanece callada. Por lo tanto, ¿va a movilizarse la ciudadanía española contra la tortura si los grandes medios de comunicación no lo hacen? Difícilmente.
El apego de los mass media a los réditos que da la escolta del poder y una lealtad de Estado mal entendida, perpetúan, por su silencio, la tortura y lo hacen de forma activa cuando desprecian informar sobre hechos contrastados. Aún peor, algunos de estos medios (demasiados) incluso criminalizan los loables esfuerzos de gentes y organizaciones que con gran precariedad tratan de erradicar el abuso de autoridad.
“Vamos a ver, apaga la cámara y vamos a plantear los términos de la entrevista”, fue lo que Antonio Camacho, secretario de Estado para la Seguridad, respondió en 2007 al periodista australiano de la SBS (Special Broadcasting Service) David O”Shea cuando éste, alarmado por los datos aportados entonces por Theo Van Boven (relator de Naciones Unidas) le preguntó sobre los numerosos casos de torturas a ciudadanos vascos. Es decir, tuvo que venir alguien de las antípodas para hacer lo que ningún periodista español ha hecho: su trabajo.
Poseer fuentes de información de las que cada día beben millones de personas es un privilegio lícito, pero también una responsabilidad. Los periodistas asalariados por estas corporaciones son libres de decidir cuál es su forma de entender el oficio de informar dentro de estos negocios, pero se echa en falta que ni siquiera en la práctica totalidad de sus blogs privados, o a través de los nuevos debates que surgen en Twitter o Facebook expresen apenas nada sobre la lacra de la tortura. Contrariamente a lo que se podría pensar, en estas semanas de juicios determinantes para la historia vasca de lucha contra la tortura, ni siquiera ninguno de los nuevos medios digitales y progresistas que dicen estar a favor de los derechos humanos han optado por informar. Su silencio es político.
Paradójicamente, la prensa española y muchos periodistas que trabajan en ella, llevan más de una semana escandalizados con los documentos sobre torturas aportados por Wikileaks. Antes lo hicieron, como una moda cómoda (por la distancia) sobre lo que sucede en Guantánamo y unos cuantos, los menos, sobre el ya olvidado caso de las cárceles secretas y los vuelos de la CIA. El único debate existente para ellos sobre la tortura en España, es el que concierne a las corridas de toros, y -reveladoramente- ni siquiera en este campo los que están por abolirlas son mayoría en las tribunas informativas. Por otro lado, “malos tratos”, es el tímido eufemismo con el que la prensa aborda el tema de la creciente violencia ejercida -sobre todo- contra inmigrantes en comisaría. Normalmente, la “denuncia” se reduce a un vídeo morboso (de las cámaras del circuito cerrado interno) publicado en las versiones digitales de los diarios durante un corto periodo de tiempo. Y he aquí el quid de la cuestión: la falta de cámaras como protocolo de seguridad en los cinco días que dura el periodo de incomunicación que sufre toda persona acusada de pertenecer al elástico entorno de ETA.
Muchas organizaciones pro derechos humanos lo han sugerido en el caso de la llamada “lucha contra el terrorismo”, pero el Gobierno, aún diciendo no tener nada que ocultar, se niega. ¿Por qué a los periodistas de España no les extraña que los etarras se autoinculpen y transmitan todo lo que saben durante la incomunicación en España y no en Francia? Profesoras, artistas, trabajadores o estudiantes. Durante décadas, todo tipo de gente ha sido torturada a su paso por los cuarteles y comisarías. Y es que, “como casi todos los etarras denuncian torturas, casi todos los que denuncian torturas son etarras”, es el sofisma empleado por prensa y Estado, no sólo contra presuntos etarras, sino contra todo aquel que ha tratado arrojar luz sobre lo que sucede en el periodo de incomunicación. Así, por la amenaza de ser señalado como simpatizante de “los terroristas”, se ha intimidado a aquellos a quienes se les ha pasado por la conciencia denunciar este tipo de violencia utilizando la libertad de expresión. No sería casualidad que los medios más críticos con este tipo de abusos fueran clausurados. Tampoco que varios periodistas trabajadores en estos probasen, en carne propia, las mismas torturas que antes hicieron públicas.
Pretender ampararse en las enormes violaciones de los derechos humanos cometidas por ETA para justificar o encubrir las propias, es una argucia política propia de un conflicto, el cual, contradictoriamente Estado y medios, niegan. El periodismo, respetando cualquier ideología o línea editorial que tenga, debería apartarse de esta anacrónica estrategia represiva, pues si este oficio no contribuye a liberar los cuerpos y las conciencias, se podrá llamar de cualquier forma, pero no periodismo.
Ayer, Sábado 6 de Noviembre, 4 compañerxs Anarcopunks que se encontraban reciclando verduras en la Feria del Agricultor* de Heredia Centro y entre lxs cuales se encuentran miembros de las bandas punk/crust anarquistas Barrakas y Blatta, así como lxs editores de los fanzines: Autonomía Yá!, Luciérnaga y Menarkia, y lxs cuatro estudiantes de la Universidad Nacional y Universidad de Costa Rica… fueron arrestadxs sin razón justificable, cerca de las inmediaciones del Hospital de Heredia (zona en donde se realiza la feria) y fueron posteriormente brutalizadxs, torturadxs,humilladxs y en general agredidxs de muchas formas, físicas, verbales y psicológicas.
Los hechos ocurrieron pasadas las 2:00pm, cuando ya lxs compañerxs se disponían a regresar a la casa para cocinar su almuerzo, y pasaron al lado de unxs oficiales de la Policía Municipal de Heredia* quienes estaban empezando a molestar (como tanto les gusta) a algunxs agricultores, diciéndoles que ya debían desarmar sus puestos de venta y decomisándoles sus verduras… al ver esto, uno de lxs compañerxs agredidos, dijo en vos calmada: “no sean vagos, déjenlos bretiar“ (bretiar = trabajar), inmediatamente se dio vuelta uno de los oficiales de manera prepotente y a vos alzada diciendo: “¿como me dijo? a mi nadie me menta la madre“ a lo cual lxs compañerxs se sintieron extrañadxs y confundidxs, y a lo que respondieron que no se le estaba ofendiendo de ninguna manera, pero eso solo provocó que entre más policías arrestaran al compañero. En respuesta a esto y tratando de defenderlo, otro de los agredidos se fue a tratar de soltarlo y esto provocó que le agarraran violentamente del cuello,dejándolo casi sin aire mintras era esposado e introducido a la unidad móvil (patrulla), al ver esto las otras dos compañeras alteradas (como es de esperar) empezaron a gritar para que fueran liberadxs, a una compañera le agarraron su cámara fotográfica, con la cual estaba grabando un video de los hechos y se la estrellaron contra el suelo, luego fueron perseguidas y tuvieron que correr, pero fueron interceptadas por otra unidad movil y arrestadas también, de forma violenta.
Luego del arresto, y habiendo perdido la comida que habían logrado recolectar, fueron trasladados al Centro de Tortura del Fortín en Heredia Centro (comisaría como la llaman ellxs) al llegar cerraron los portones de un gran parqueo totalmente cerrado y se acercaron más oficiales de lxs que se encontraban ahí y de manera violenta bajaron a lxs cuatro compañerxs… a las compañeras las trasladaron inmediatamente al interior del edificio y a los dos compañeros restantes, los empezaron a golpear e insultar de manera brutal entre 6 o más policías, a uno de ellxs lo tumbaron al suelo y le tiraron gas pimienta en los ojos, a pesar que este no oponía ningún tipo de resistencia (como si pudiera ponerla). Fueron golpeados por unos 10 minutos y luego trasladados al interior del Edificio. Ahí fueron esposados a una cerca metálica donde nuevamente fueron continuamente golpeados, insultados, escupidos… agredidos de forma brutal. Entre los insultos les decían: “ustedes son la misma mierda que los Nicas“ (Nicas = nicaraguenses, los cuales son la población inmigrante más grande en el país), “Maricones, Travestis“, “Escorias“, “Emus“ (como tratando de decirles Emos). Mientras tanto las dos compañeras afectadas se encontraban en un cuarto dentro, esposadas con las manos atrás, en donde eran constantemente agredidas de manera verbal y psicológica, y en donde fueron obligadas a quitarse toda la ropa como supuesta revisión (algo que a los dos hombres no les hicieron, ni siquiera revisaron las cosas que llevaban), a una de las compañeras la golpearon fuertemente en la cara en medio de insultos y torturas psicológicas. Les decían insultos como: “ustedes si hablan mierda“, “putas“(en repetidas ocasiones), “hediondas“, “insectos, animales“ (a lo cual no se sintieron tan ofendidas).
A los dos compañeros les cortaron de manera burlista, su cabello, a uno sus dreadlocks y al otro su cresta, mientras otrxs policías se reían de ellos. Al compañero que no le habían echado gas pimienta, se acercó un policía (uno de los más violentos) y le dijo: “a usted le falta algo en los ojos“ y seguido dijo a otro oficial “páseme el gas“, mientras era golpeado, siendo utilizado como saco de boxeo con el cual se divertían. Al llegar con el gas el compañero se tapó sus ojos y fue amenazado y golpeado para que quitara su mano y abriera los ojos, pero este se opuso, ya que sabía que de todas formas igual sería agredido. Las agresiones se prolongaron como durante una media hora, y luego se les dejó esposadxs por unas 2 horas y media dentro del “Centro de Tortura El Fortin“ sin comer, y llevando un frío casi insoportable, con el que el cuerpo de los agredidos temblaba, mientras eran vistos de manera burlista por los policías. A las compañeras se les intentó inculpar de un robo de un celular, para lo cual les hicieron probar que sus celulares, realmente les pertenecían. Al final no pudieron acusarles del absurdo hecho. A estas se les llegaba con el pelo cortado de sus compañeros y diciéndoles que estos estaban llenos de sangre, para asustarlas, diciéndoles que estaban masacrandoles.
Luego y siempre esposadxs, alrrededor de las 5:30pm fuerxn trasladadxs en una patrulla a los Tribunales de Justicia de Heredia, para proceder a ponerles los cargos, en donde se les acusó de Resistencia y Daños y en donde como ofendido aparecía “El Estado“. En este lugar se les asignó un “““Defensor“““ Público, el cual era claro, a simple vista, que era compañero (amigo se podría decir) de los Policías agresores, por lo cual por el momento, lxs 4 compañerxs, prefirieron no hacer la denuncia por miedo a más agresiones y consecuencias contra su integridad física y moral. Se les obligó a quitarse los cordones de sus zapatos con las esposas puestas.
Tomaron sus datos, huellas digitales, fotos y luego de varias horas a las 9:15pm fue liberado el último de lxs compañerxs. Recibido por un grupo de más compañerxs, que por sms (mensajes de texto) que logró enviar uno de los agredidos, lograron darse cuenta de lo que sucedía.
Exhaustxs por los golpes, el frío y el hambre , decidieron ir al Hospital de Heredia, a hacerse las valoraciones médicas, para no dejar pasar el tiempo y tener pruebas de las agresiones. Entre las valoraciones fueron: Enemas Importantes en el testículo Derecho y Oreja Izquierda y con múltiples golpes visibles es la cara, brazos y costados. En la valoración de otra compañera decía: Multiples golpes, aqueja trauma en cara y manos. Trastorno psicológico con fascies de angustia, neurológicamente integra. Algunxs fueron inyectadxs y todxs fueron medicadxs.
Alrededor de la media noche, se trasladaron a los Tribunales de Justicia del centro de San José (capital) para hacer la denuncia, por miedo a hacerla en los Tribunales de Heredia, pero donde se les indicó de que no se podía hacer ahí, pero fueron informados ampliamente sobre lo que debían hacer para poder tener los nombres de lxs agresores y hacer la denuncia correspondiente. A las 2:00am (aprox) del día de hoy llegaron a su casa para descansar, comer algo y a pesar de tener sus cuerpos adoloridos, intentar dormir un poco. Aquí sacaron el chip de la cámara que había sido estrellada contra el suelo, para sacar el video como prueba de la agresión, y se percataron que este fue también destruido adrede, es decir, sacaron el chip, y con un lapicero (suponen, por lo que se puede ver) fue destruido para que se perdiera la prueba de las agresiones durante el arresto.
La Policía, demuestra una ves más, su Estupidez y su brutalidad. En este país en donde se vende la idea de la Paz y la democracia, SE TORTURA. Los agredidos, dicen haberse sentido por momentos, como en un centro de tortura clandestino, como los existentes durante las dictaduras militares latinoamericanas. Ahora recordemos que en este país de falsa libertad, está por pasar una Ley en donde se les da TOTAL impunidad a los oficiales de todas las divisiones de la policía, mientras estén laborando. Si sin esta ley ya se realizan esta clase de torturas ahora imaginemos como será con esta, en donde no existirá ninguna oportunidad de denunciar las agresiones, ya que estas no procederán. La Dictadura Arista, que está siendo perpetuada por la actual presidenta Laura Chinchilla se está volviendo cada ves más represora y más violenta contra cualquiera que no quiera seguir su régimen, brutalmente impuesto.
“En la madrugada del 30 de octubre de 2010 las fuerzas militantes contra la Huntingdon Life Sciences visitaron la casa de Federico Cezard Director Ejecutivo,con Acciones y Fondos de Nomura. Se quemó su coche en su camino de entrada a su casa en solidaridad con todos nuestros compañeros de todo el mundo que están encarcelados por la liberación animal, humana y de la tierra. Vamos a mantener esta lucha hasta que todos sean libres para vivir como quieran vivir. hasta que todos los animales de los laboratorios de Huntingdon Life Sciences puedan sentirse vivos. Hasta que todos sean libres! Militante contra las Fuerzas de Huntingdon.”
“En la noche del 24 al 25 octubre, visitamos a Martin young, 839 rutas Deux Aldeas 30.720 RIBAUTE LES TAVERNES, Francia. Tel. 04 66 34 15 54 Martin es director de Renta Variable en Europa,en Utilidades en Acciones de Investigación de Nomura. Es por eso por lo que le pusimos dos bombas de gasolina debajo de su coche. Su empresa dió mas de 70 millones de dólares para HLS(Hundington Life Sciences).
Santiago, junto a Juan Carlos y Jose Antonio·Fotografía: Chema Martínez
Comienza la proyección, apago el móvil.Las primeras escenas me dan una idea de lo que me espera. En diciembre de 2009, Amnistía Internacional pone sobre la mesa el informe ‘Si vuelvo, ¡me mato!’, que denuncia la violación de derechos humanos en centros terapéuticos de menores. Posteriormente -hace un mes-, la ONG publica la segunda parte del estudio, analizando la pasividad de la Administración, que nada hace, de momento, para garantizar la protección de estos niños.
Los créditos iniciales me presentan a los protagonistas. Sin embargo, y aunque se ha intentado minimizar por todos los medios las denuncias que han recaído sobre estos lugares en los últimos años, madres, hijos y trabajadores, todos ellos víctimas de este ‘descuido’ continuo, siguen dando la cara para que sus casos no se olviden, y para que nadie vuelva a pasar por los que ellos un día pasaron.
Quiero imaginarme que lo que escucho pertenece a una buena película de cine social, escrita por Fernando León de Aranoa o Ken Loach. Pero la interpretación de los actores sería sospechosamente talentosa. Entra en escena Juan Carlos, de 20 años. Vivió poco más de un año en ‘Hogar Galapagar’, centro madrileño al que él mismo denunció por maltrato, junto a otros tres supervivientes y un testigo:
“En pleno invierno, a menos cuatro grados, en la sierra de Galapagar, nos sacaban desnudos al patio y nos enchufaban agua fría con la manguera. Y porque ellos querían. En ese centro ha habido hasta abusos sexuales a chicas por parte de los trabajadores, o palizas a niños de 7 u 8 años”, cuenta en primer plano.
Jose Antonio, que tiene la misma edad, residió tres años y medio en el mismo centro:
“Mi estancia fue como estar en una cárcel, no había actividades, los educadores nos contenían cada dos por tres, haciéndonos daño… Pero lo peor que he visto fue una niña de 15 años que se intentó tirar por un balcón porque estaba desesperada y pensaba en suicidarse. O una paliza de un educador a un niño de 11 años por robar en un colegio”.
Me remuevo en la butaca. Cuesta escuchar.
“¿El peor día que recuerdo? Era el cumpleaños de un compañero. Vino un educador. Le pregunto si le habían comprado el regalo. Contesta que no. De broma, entre nosotros, le digo al que estaba de cumpleaños: ‘No te han comprado el regalo’. Me responde: ‘Déjame en paz’. Le replico: ‘Déjame tú’. Él sigue: ‘Me cago en tu puta madre’. Y yo continúo: ‘Me cago yo en la tuya’. Entonces vino Antonio, el vigilante, ‘el Puertas’, me pegó un empujón contra el sofá, y me amenazó: ‘Como no te tranquilices, te vamos a tener que contener, tirarte al suelo y llevarte a la cama para atarte’. Y así ocurrió. Me tiraron al suelo, me subieron los brazos, me sujetaron las piernas, me arrastraron hasta la habitación y me ataron. Así estuve toda la noche, y al día siguiente no me dejaron ir al instituto”, explica J.C.
Nudo en la garganta. Demasiada violencia en el guión.
“Era algo normal, nos insultaban, nos pegaban, nos daban medicación forzosa, sin informarnos, se ponía un niño nervioso y enseguida lo echaban al suelo… Y yo he ido a la Comunidad de Madrid a denunciarlo, pero no te hacen ni caso. También visité al Defensor del Pueblo, hablé con la secretaria, le avise: ‘tenéis que ir a este centro’. Pero te responden que no es para tanto, que están informados, que realizan visitas…”, continúa J.C.
La trama avanza y nos presenta a una nueva víctima.
Se llama Santiago, es psicólogo, y en 2007 trabajó en uno de los primeros centros terapéuticos denunciados y cerrados en Madrid: ‘La Jarosa’. Nos revela que en 2009 hubo ni más ni menos que 48 bajas de trabajadores en otro centro que todavía permanece abierto, a pesar de las denuncias, el de Picón de Jarama (Madrid):
“En La Jarosa me encontré un centro que olía mal, con pesonas que no sabían como tratar a adolescentes con problemas, con un nivel de violencia muy alto, con prácticas impensables. Por ejemplo, una persona -que no era médico ni enfermera-, al ver a un niño nervioso le introducía sedantes en la leche. También se producían castigos en celdas de aislamiento, donde un niño podía estar hasta tres días. Pero, sobre todo, lo más grave era la situación de indefensión en la que se encontraban unos chavales que en teoría estaban siendo protegidos. Lo puse en conocimiento del Defensor del Pueblo, y una semana después se cerró, pero lamentablemente todos los chavales fueron trasladados a Paracuellos de Jarama, al centro de Picón de Jarama, que pertenece a la misma empresa”.
El film nos aclara ciertos conceptos que quizás desconocemos.
¿Qué es un centro de menores?
“El término centro de menores es muy confuso. Pensamos en un reformatorio, un lugar donde van chavales que han cometido delitos, pero también hay centros a donde van niños sin familia, con padres toxicómanos, o presos en la cárcel, o que no quieren vivir con ellos. Los centros que ha denunciado Amnistía pertenecen a este tipo”, añade Santiago.
¿Cuánto cuesta ‘proteger’ a cada uno de estos niños?
“Dinero hay. La consejera de la Comunidad, Engracia Hidalgo, confesó que entregaba a estas empresas unos 5.000 euros por niño, pero no se invierte en las familias, sólo cuando el niño está en una situación extrema. Cuando sacamos a una persona de su entorno, y le introducimos en una institución de este tipo, ya le estamos poniendo en riesgo. No es lo mismo que estén en un entorno familiar, que en un edificio masificado, con rejas, celdas de aislamiento, seguridad… Y la Comunidad habla de un 85% de resinserción, pero a mí me gustaría saber cuántos de estos chicos tienen el graduado, cuántos hay indigentes, ejerciendo la prostitución, en prisión… Quizás las cifras sean muy altas y no nos las dan por eso”, afirma el psicólogo.
“Haciendo el cálculo, partiendo como mínimo de los 3.800 euros por niño que ha dicho el Defensor del Pueblo concede la Comunidad, la inversion pública en estos dos chicos -Juan Carlos y Jose Antonio-, ha supuesto unos 320.000 euros”, concluye.
¿Qué futuro les espera a los protagonistas?
Juan Carlos salió de ‘Hogar Galapagar’ sin la ESO y no tiene trabajo. Jose Antonio sí salió con la ESO, aunque estuvo un año sin escolarizar.
“Va a ser muy difícil que salgan hacia adelante. Salen con miles de euros de inversión, pero no pueden trabajar ni en un supermercado”, analiza Santiago.
“Se han beneficiado únicamente ellos, el dueño del centro, recibían un dinero y en nosotros invertían lo mínimo, en comida, ropa… Ni siquiera 500 euros al mes, de esos 3.800. En tres años me compraron unas zapatillas y un pijama”, confiesa J.A.
J.C. y J.A. hablan de Nacho, el director del centro, constantemente. Y recuerdan las inspecciones de la Comunidad, que siempre avisaba con tiempo de sus visitas: “nos llevaban de excursión, disimulando, para aparentar que todo iba bien, y no te dejaban hablar con ellos. Era imposible contarles lo que vivías allí”, dice J.C.
Tercera víctima
Ángel Alonso Pozo, de 18 años, vivió en el ya mencionado centro de Picón de Jarama alrededor de un año y medio:
“Lo peor es la impotencia que sientes cuando están haciendo una contención y no te puedes meter. Aunque el peor castigo era estar un mes sin salir, o 24 horas en un cuarto, encerrado, sin ir al patio. Eso si hacías algo leve, y hasta una semana si cometías una falta gorda, como amotinarte. A mí me dislocaron un hombro en una contención, y me lo hizo un educador, que en teoría no puede. No me llevaron ni al médico, y me lo tuve que colocar yo mismo. Más cosas… Si te negabas a algo, limpiabas el patio o hacías otro trabajo para el centro, tareas para las que ya había personas asignadas”.
Violaciones. Vuelven las agresiones. Cierro los ojos.
“Hay gente que dice que la situación ha cambiado, pero sigue habiendo contenciones, sala de reflexión…Y me han dicho que han echado a un vigilante por violar a una menor. Le han expulsado y eso es todo, pero no se ha hecho justicia”.
Estoy enganchada, pero miro el reloj.Entra un nuevo personaje.
Se llama Noelia y es educadora social. Trabajó en distintos centros de menores, uno de ellos el de El Escorial, que es la misma compañía que gestiona ‘Hogar Galapagar’, la empresa de salud mental ‘Consulting’:
“No llegué al año de estar allí. La gota que colmó el vaso fue un fin de semana que yo no había trabajado. Cuando volví, me enteré de que le habían dado una paliza a dos niñas de 16 años, con un palo. Me las encontré llenas de moratones. Nos lo contaron porque dos días después venía la Comunidad, y preparaban una excursión para que las chicas desapareciesen ese día. Era un sábado por la mañana, una de ellas se despertó muy temprano, se levantó, hizo ruido, despertó a este hombre, al agresor, y él empezó a pegarle. La compañera le defendió, y entonces él descargó también su ira contra ella. En este centro siempre había insultos, humillaciones, medicación… Mucho maltrato, de todo tipo”.
Nueva dosis de maltrato.
“Y debido a ese maltrato se están creando delincuentes y toxicómanos, porque esa rabia tiene que salir por algún sitio. Meten a todos en el mismo saco, y a niños que los han sacado de sus familias por un problema de maltrato, por ejemplo, los ponen hasta arriba de pastillas. Recuerdo a una niña de siete años, sentada en una silla, no se podía mover porque le habían subido la medicación. Estaba babeando, con los ojos en blanco. Se me cayó el alma a los pies. Otra vez, por un exceso de medicación, tuve que llevar a un niño de 17 años a urgencias con mi coche, porque ni movía la mandíbula, le habían puesto hasta arriba de pastillas también. Era totalmente frecuente. Otros niños se pasaban durmiendo el día entero. Y lo peor era la falta de preparación de la plantilla. La misma persona que cuidaba a los tres mayores, por ejemplo, se encargaba de mantenimiento y de hacer la compra”.
Nada se mueve en la sala. Hablan las madres.
Marta es madre de acogida de una niña que ahora tiene 18 años. La sacó de Picón hace cuatro años, porque la conocía y porque no estaba en las mejores condiciones. “Me la encontré medicada, sin escolarizar, muy deprimida… Ella no quería estar allí, se autolesionaba, como otros muchos, porque no tenía actividades, no iba al colegio. Estamos yendo al psicólogo todavía. Fue maltratada, tenía el cuerpo lleno de golpes en una salida. Les encerraban en una habitación sin derecho alguno, ni siquiera a ir al baño. También le quitaban el colchón a modo de castigo, a ella y a su compañera de habitación, para que no durmiesen juntas. Y cuando la recogí no me dieron nada, sólo una tableta de pastillas, pero no tenía ningún diagnóstico, no sabía qué tenía”.
Marisa Garro Martín tiene dos hijos, David (14) y Diego (11). El primero se encuentra en estos momentos ingresado en el centro de menores Picón de Jarama, y el segundo lleva tres cursos en otro centro, en Berzosa del Lozoya (Sierra Norte de Madrid), porque tiene un trastorno de hiperactividad. David duerme allí desde el pasado mes de julio. Antes estuvo en un centro de Leganés, de lunes a viernes, después de que su madre solicitase una guarda. Pero empezó a autolesionarse al verse encerrado. De ahí fue al Gregorio Marañón, y de allí a Picón, después de que su padre denunciase a su madre por abandono, y después de que la Comunidad de Madrid le quitase la tutela a Marisa.
“Mi hijo me dice que le saque de allí, que no aguanta más, y que va a hacer algo. Tiene sólo una hora de patio, no le ponen a estudiar, tan sólo hace jardinería una hora por la mañana. No les hacen ni caso. No le dejan salir fuera a estudiar porque tiene que pasar unas fases o algo así. Lo aislan completamente. Además, al principio le hacían muchas contenciones, me lo contaba por teléfono y me cortaban las llamadas. Le dolían hasta los hombros, de cogerle entre tres o cuatro educadores. Mi hijo me llegó a decir que llevaba calzoncillos de cuatro días, la ropa se la dan contada… y eso no lo puedo permitir. Todos los días hablo con él por teléfono y me pregunta cuánto le queda”.
El día de su traslado a Picón, Marisa pidió al director que le enseñasen el centro para saber dónde viviría su hijo, nada más llegar allí, pero se lo negó.
“En un cuarto pequeño, con la cama atornillada al suelo, una puerta muy gruesa, una ventanita… Así estuvo una vez desde por la noche hasta el día siguiente, y eso es inhumano, no se le puede hacer a una criatura. Y sólo por contestar o por no cumplir los objetivos de los educadores. Están todo el día adormilados con la medicación, y lo veo excesivo. Salen peor, y aprenden cosas que no tienen que aprender, porque mezclan a unos niños y a otros”.
Lo ve una vez a la semana. Se queja de que las visitas a casa estén sumamente controladas por los educadores que acompañan a David. También de que no tiene coche, y tiene que arreglárselas para ver a uno y a otro, ya que sus hijos se encuentran en centros separados.
“Entiendo que un chaval no puede estar solo en casa tantas horas, pero también es cierto que pueden ponerme un asistente en casa, alguien que me ayude, con todo ese dinero que paga la comunidad de Madrid por cada uno de ellos, o sino que lo manden a un centro de día y que por la tarde pueda volver a casa. He pedido informes médicos, escolares… y no me dan nada”.
“A mi hijo Diego también le han hecho muchas contenciones, le han cogido por el cuello, le han tirado al suelo, le han subido los brazos hasta la nuca. Diego tampoco quiere estar allí, echa de menos su casa. Ha visto hasta niños con escayola después de las contenciones. Mis hijos no se merecen estar ahí. Les ha condenado a ellos y a mí”.
El desenlace. Hora de pedir cambios.
Jose Antonio: “Que contraten a gente titulada para trabajar en los centros de menores”.
Juan Carlos: “Salí muy mal viendo lo que me hacían a mí y a mis compañeros, necesité tiempo, y sigo yendo al psiquiatra para superarlo”.
Santiago: “Debería intervenirse en los propios barrios de esos niños, llevar a alguna persona a su casa, a su familia”.
Ángel Alonso: “Sólo pido que se cierren estos centros, o que se intente cambiar a la gente que está dentro”.
Noelia: “Yo le diría a la Comunidad de Madrid que no deje estos centros en manos de empresas privadas con ánimo de lucro. ¿Por qué no ven la despensa cuando visitan estas residencias para comprobar qué alimentación tienen los niños?. Era penosa, unos críos en edad de crecimiento con una dieta a base de fritos. ¿Por qué no abren el armario para ver la ropa que tienen? La que vestían era la que donábamos nosotros. Y las instalaciones también dejaban que desear, no era un centro cálido, sino destartalado…”.
Marta: “Si se hacen cargo de ellos, que lo hagan de verdad. Me gustaría saber cómo llegan a estos centros, si hay algún juez que lo dictamine. También orqué están medicados, y si hay alguien al que se le haya dado el alta terapéutica y se lo hayan dado a sus padres antes de los 18”.
Marisa: “Entiendo que tenga que haber centros, pero de otra manera. Solicité una ayuda a los servicios sociales y me han condenado. Quiero que me ayuden, pero no así, porque mi hijo no es un niño problemático”.
Se encienden las luces, pero los actores no se han ido. Aquí están, sentados junto a mí, en esta particular sala de proyección, cada uno en su butaca, esperando a la señora ‘Justicia’, tratando de olvidar los golpes y de borrar las crueles escenas que un día vieron sus ojos.
La Gendarmería chilena ha sido autorizada por el Tribunal de Apelaciones de Concepción a alimentar forzosamente a ocho presos políticos mapuche que comenzaron una huelga de hambre el 12 de julio. Esta práctica está considerada como tortura por la Asociación Médica Mundial. Los huelguistas, encarcelados por defender sus tierras, reclaman que no se les aplique la «ley antiterrorista».
El Tribunal de Apelaciones de Concepción (Wallmapu) autorizó a la Gendarmería chilena (Servicio de Prisiones) la alimentación por la fuerza de ocho de un total de 32 presos mapuche que mantienen una huelga de hambre desde hace 44 días.
La medida fue autorizada a solicitud de Jorge Mera, director de la Gendarmería chilena en la región de Bío Bío, e incluye a cinco presos de la cárcel de El Manzano, en Concepción, y a otros tres de la prisión de la ciudad de Lebu, que se unieron a la huelga de hambre diez días después de iniciada.
Adolfo Montiel, abogado de los ocho mapuche, sostuvo ayer que el fallo del tribunal no es claro y afirmó que la Gendarmería no está facultada para valerse de la fuerza para alimentarlos contra su voluntad.
Recurso
Montiel anunció que recurrirá la resolución ante el Tribunal Supremo. «Si hay uso de la fuerza podemos recurrir de amparo a un tribunal, pero la Gendarmería no está facultada para utilizar la fuerza contra la voluntad de los comuneros», insistió y añadió que sus defendidos, que llevan 44 días en huelga de hambre, no están en una situación de riesgo vital que justifique el uso de la fuerza para alimentarlos. El tribunal de alzada autorizó a la Gendarmería a utilizar la fuerza para alimentar a los presos, incluso en caso de existir negativa por parte de los huelguistas, para «garantizar su vida». Si la situación fuera de urgencia, los gendarmes fueron autorizados a suministrar medicamentos a los presos, aun contra su voluntad, e ingresarlos en un centro asistencial. El 12 de julio, los presos políticos mapuche, condenados o procesados por defender sus ancestrales tierras, iniciaron una huelga de hambre contra la aplicación de la «ley antiterrorista» en sus casos. Los demás presos mapuche en huelga de hambre permanecen en las cárceles de Temuco, Angol y Valdivia. Los presos políticos mapuche en la cárcel de Angol rechazaron la alimentación forzosa, destacando que supone violentar sus derechos, y denunciaron que padecen registros diarios.
Es tortura.
La Declaración de Tokio, aprobada en octubre de 1975 por la Asociación Médica Mundial (WMA) considera tortura la alimentación forzosa aplicada a un huelguista de hambre y destaca que los médicos no pueden llevar a cabo esta práctica.Asel Luzarraga
El juicio contra el ciudadano vasco Asel Luzarraga, acusado de colocar dos explosivos a pesar de que se encontraba fuera de Wallmapu en esas fechas, comienza hoy en Temuco. Su duración se estima en tres o cuatro días.
Ocupan una radio para denunciar el silenciamiento
Una veintena de dirigentes mapuche ocuparon el lunes la sede de Radio Bío Bío en Santiago de Chile para pedir el fin del silenciamiento y el ocultamiento de la huelga de hambre de los 32 presos políticos. Olga Trai Plantileo explicó que con esta toma pacífica buscaban «romper el cerco de comunicación» que ha puesto el Estado chileno junto a otros medios. «Lo que estamos pidiendo y exigiendo es la libertad de informar. Que paren de hacer creer a la gente que nuestro pueblo es terrorista, que muestren la realidad como es, que se rompa el cerco comunicacional que han hecho con nosotros», añadió. Tras desplegar pancartas en las que se leían mensajes como «Libertad a nuestra gente», «No más montajes en contra del pueblo mapuche» o «Basta del cerco comunicacional», le pusieron candado a la puerta de entrada al edificio, aunque en todo momento dejaron entrar y salir a los trabajadores de la emisora. Trai explicó a Efe que no pondrían fin a la toma hasta que no les hagan a los portavoces de los 32 presos en huelga de hambre una entrevista en Radio Bío Bío.
Los huelguistas han pedido entre siete y doce kilos.
Se acumulan las denuncias por irregularidades y malos tratos en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores
“Pasan muchas cosas… Hay un policía calvo. No es calvo, se rapa el pelo en plan skinhead. Una noche, una persona de aquí que tiene el pie muy hinchado pidió pastillas para calmar el dolor. Entró él: ‘Aquí no hay pastillas, ni médico ni hostias. A dormir’. El chaval insistió en que le dolía y entonces el policía le dio dos puñetazos en la cara y una patada en el pie hinchado”.
Éste es el testimonio de un inmigrante argelino retenido en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en Valencia. Fue recogido hace un año en un demoledor informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en el que se concluía que un 40% de las personas ingresadas un CIE sufría maltratos físicos o psicológicos.
Poco o nada ha cambiado la situación desde entonces. Las denuncias por irregularidades y malos tratos en centros como el de Zapadores se acumulan sin llegar a visibilizarse ante la opinión pública. Al contrario, el ciudadano medio europeo, permanentemente desinformado, se desentiende de la suerte de los más explotados, sobre todo en un contexto de grave crisis económica.
Oficialmente, un CIE es un centro donde se custodia a personas extranjeras para que sea más fácil su posterior expulsión. Se trataría de una especie de Guantánamo, de limbo jurídico, donde un inmigrante permanecería en calidad de “retenido” y no de “detenido” (con una estancia máxima de dos meses) mientras se decide su futuro.
Ahora bien, según las organizaciones que integran la Campaña por el Cierre del CIE de Zapadores, se trata de “cárceles encubiertas, en las que se encierra a personas por el hecho de ser inmigrantes y pobres”. Se trata de personas que no han cometido por lo general ningún delito. Se les priva de libertad por la mera circunstancia de no tener papeles en regla, algo que, como mucho, debería comportar una falta administrativa.
Pero si el encierro en una de estas “cárceles” resulta descabellado, la situación de las mismas raya en el delirio. De entrada, por la custodia de los “retenidos”. Ésta corre a cargo de la policía, sin que psicólogos, trabajadores sociales y abogados hagan acto de presencia. La tutela policial de los centros, sin ningún tipo de contrapeso, abre la puerta a sucesos como los denunciados en el informe del CEAR.
Los internos de Zapadores permanecen durante nueve horas sin poder salir al baño, en 21 celdas de cuatro metros de ancho por cinco de largo. Malviven sin agua potable, en un espacio con limpieza muy escasa, y con siete urinarios y seis duchas para 120 personas. Salen al patio únicamente una hora por la mañana y otra por la tarde sin que puedan realizar ningún tipo de actividad.
La atención sanitaria corre a cargo de un funcionario que se limita a suministrar calmantes y, como mucho algún ansiolítico, sin que, según las denuncias de los internos, atienda adecuadamente a las personas con enfermedades crónicas. Su estrecha vinculación con la jerarquía policial del CIE parece clara, pues nunca ha denunciado casos de malos tratos sobre sus pacientes.
Con todo, la miserable fotografía de estos centros deja indiferentes a sus mentores, el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, y el ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, quienes ante las críticas reproducen tópicas cortinas de humo que semejan una burla, como la recurrente “investigación de los hechos” y los evanescentes “proyectos de reforma” del centro.
Pero Elvin Andrés Ruiz, un joven boliviano de 25 años ingresado en Zapadores, se ha atrevido a destapar la sórdida vida cotidiana de los internos al periódico “Latino”. “Aquí no tenemos nada que hacer, sólo ver pasar los días y en condiciones muy malas”, en un ambiente de hacinamiento y sin apenas garantías sanitarias.
En tan sólo tres semanas Elvin ha vivido de todo. Desde el intento de suicidio de Said, un joven marroquí desesperado por volver a su país para despedirse de su madre moribunda, hasta los golpes en el pecho a un interno paquistaní por no saber español o la patada que un policía propinó por la espalda a su compañero Rubén. Una colección de anécdotas inverosímiles en un país con las mínimas garantías jurídicas.
En una reciente entrevista concedida a Radio Malva, Mike, de origen senegalés y a punto de ser deportado, explica que la situación “es muy dura; desde fuera resulta imposible saber lo que se pasa aquí dentro; aguantamos mucho, es como si fuera una cárcel pero sin haber cometido ningún delito”.
Uno de los casos más lacerantes es, sin embargo, el de Noura. Esta ciudadana marroquí residente en Orihuela fue detenida por la policía nacional al carecer de permiso de residencia. Durante su permanencia en los calabozos de la comisaría denunció abusos sexuales por parte de un agente. La denuncia no interrumpió el proceso de expulsión a su país, previo cautiverio de 40 días en el centro de Zapadores.
A partir de aquí se produce una situación rocambolesca. Noura es trasladada en un furgón policial desde el CIE de Valencia al aeropuerto de Barajas, donde se le introduce en un avión con destino a Málaga. En la ciudad andaluza ingresa de nuevo en un Centro de Internamiento de Extranjeros y, otra vez, en una camioneta de la policía rumbo Algeciras. Después, en Ferry a Ceuta y finalmente es abandonada en la frontera, mientras su familia la espera en Casablanca sin tener conocimiento de su paradero durante un día.
Portavoces de la Campaña por el Cierre de los CIE aseguran que el caso de Noura “representa un caso extremo entre los miles de seres humanos que son represaliados en este país por el simple hecho de ser extranjeros y haber ejercido su derecho a emigrar; el juzgado admitió la denuncia de Nora (por abusos sexuales) y abrió diligencias previas; sin embargo, el proceso de expulsión se aceleró y se consumó sin la posibilidad de realizar un juicio en condiciones”.
Una veintena de organizaciones sociales convergen en la Campaña por el Cierre de estos centros y alzan la bandera de la dignidad ante esta cuestión invisibilizada por los grandes medios. Realizan un trabajo de denuncia, sensibilización, formación y acompañamiento a familiares y detenidos en estas cárceles para inmigrantes y pobres.
Un hombre fue baleado por la policía en Casavalle y le dieron una paliza a un joven de 17 años en la seccional nº 19.
Pasó la semana pasada, en Casavalle, la policía mató a una persona a tiros. Una muerte más a manos de la policía, a manos del estado. Esto sucede a menos de un mes del asesinato de los doce presos en la cárcel de Rocha. Sucede mientras Bonomi se desresponsabiliza completamente del asesinato y además defiende el accionar policial. Al respecto del asesinato en Casavalle, el director nacional de la policía, Julio Guarteche dijo que la actividad policial es “intelectualmente intensa” y que “siempre hay margen de error”. Con que era eso… Así que: vecina, vecino, a tener cuidado cuando ande un patrullero por ahí; si recibe tres balas en la cabeza, no se enoje, que la policía está trabajando para cuidarnos y eso está dentro del margen del error. Mientras lo están golpeando o disparando, mientras lo están reprimiendo, entienda al policía, ¿o usted pensaba que simplemente se trataba de mirar para adelante, levantar el palo y pegarle a quien le dice el que está más arriba?, nada más alejado de la realidad. Golpear, disparar, reprimir, humillar, torturar, es una actividad intelectualmente intensa.
Sumado a todo esto, está el caso de un joven de 17 años que fue golpeado hace unos pocos días en la seccional nº 19.
“La semana pasada decidimos visitar a Montserrat Ferrán Tarrés, directiva de la empresa Novartis, en su domicilio de Barcelona. La dirección era la siguiente:
Montserrat Ferrán Tarrés Passeig Fabra i Puig 17 2º 2ª
Llegamos hasta allí, inutilizamos la cerradura de entrada a la casa, lanzamos cuatro bombas de pintura y dejamos una pintada en la que se podía leer: ‘Montserrat Ferrán Tarrés tortura animales. Novartis=HLS’
Realizamos la acción con la intención de señalar y desenmascarar a Tarrés, quien, como directiva de Novartis (uno de los mayores clientes de los laboratorios HLS) es responsable del hacinamiento, tortura y muerte de miles de animales dentro de los muros de los laboratorios de Huntingdon Life Sciences.
No esperes a que otros lo hagan por tí, tú tienes el cambio en tus manos. Hasta que todos seamos libres.”
El Defensor del Pueblo, por otro lado, afirma no ver denuncias por torturas
Mientras Amnistía Internacional volvía a denunciar que el estado español aplica la incomunicación pese a las recomendaciones y exigencias de diferentes instituciones europeas e internacionales, el Defensor del Pueblo español, Enrique Múgica, defendía ante los enviados de la ONU que él no había visto ni una sola denuncia de torturas, y afirmaba que habían inspeccionado numerosos centros de detención. Con estas declaraciones obviaba las decenas de denuncias que se han presentado por torturas en los últimos meses. Organizaciones que luchan contra la tortura y por el respeto de los derechos humanos criticaron a Enrique Múgica.
En una entrevista realizada por la cadena australiana SBS con el secretario de Estado para la Seguridad, Antonio Camacho, el mandatario español exigió al periodista David O’Shea que apagase la cámara al ser preguntado sobre los casos de torturas contra ciudadanos vascos.
Hoy, en Madrid, la Coordinadora para la Prevención y denuncia de la Tortura (CPDT) ha presentado su sexto informe anual sobre la tortura en el Estado español correspondiente al año 2009 en el que se presentan 242 situaciones de denuncia que han afectado a 624 personas. Durante la rueda de prensa el portavoz estatal de la CPDT, Jorge del Cura ha reseñado los aspectos más importantes del informe (que pueden consultarse en el resumen adjunto a esta nota) respecto al número de denuncias, la distribución geográfica de las mismas, la distribución de las denuncias según las circunstancias de las personas agredidas así como por el cuerpo de funcionarios denunciado.
Tras esta introducción, se han comentado algunas cuestiones específicas:
El portavoz de la CPDT en Euskal Herria, Carlos Hernández, ha hablado sobre las situaciones de denuncias por agresiones y/o coacciones sexuales bajo custodia entre los años 2000 y 2009, en los que 140 personas han denunciado en cárceles, comisarías y centros de menores este tipo de situaciones, que han aumentado en casos de incomunicación y que son especialmente graves en relación a las mujeres presas o bajo custodia del Estado. A continuación, Luis Ocaña, portavoz de la CPDT en Andalucía, ha comentado la incidencia de las nuevas ordenanzas municipales en las situaciones de denuncias por agresión, especialmente contra las policías locales. Por su parte, Lluïsa Domindo, portavoz de la CPDT en Catalunya ha comentado las cada vez más frecuentes situaciones de criminalización y acoso a los defensores de Derechos Humanos, especialmente a quienes apoyan a quienes denuncian torturas. Además, ha comentado el mantenimiento del número de denuncias en Catalunya y contra los Mossos d’Esquadra, pese a la colocación de cámaras de videovigilancia en las comisarías, dado que las denuncias se han desplazado a actuaciones realizadas en la calle o en los coches patrulla, antes de llegar a los espacios controlados por las cámaras.
Finalmente, Jorge del Cura ha vuelto a tomar la palabra para cuestionar el nombramiento de la Defensoría del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dado que su mandato impide la correcta realización de esta función, su elección no ha respondido a los criterios de elección marcados por los mecanismos internacionales correspondientes y porque se niega a reconocer y vigilar las situaciones de denuncia bajo régimen de incomunicación, un espacio especialmente sensible a estas situaciones y cuya abolición ha sido numerosas veces reclamada por los organismos internacionales y los colectivos estatales de denuncia y prevención de la tortura.
Tanto el presente informe como los de los años anteriores pueden consultarse en:
José María Benito Giménez, enfermo de SIDA, que denunció en enero pasado a 16 funcionarios de la prisión de Albocàsser por hechos como los siguientes: “Entre ocho funcionarios me llevan al cuartillo. Sin oponer yo resistencia, me abofetean, desnudan, humillan, me dan una patada que me revienta el bazo, y más y más golpes. Seguidamente, me llevan al módulo de aislamiento y entre 16 carceleros me vuelven a desnudar, burlar, me amenazan con ahorcarme y entre todos me dan un palizón, consecuencia del cual sufro la fractura de varios huesos de la mano y de la cabeza. Un fuerte derrame en el ojo, secuelas en la vista para el resto de mi vida, y me tendrán que extirpar el bazo” [ver noticia], se encuentra en huelga de hambre desde el 1 de junio, demandando ser trasladado a otra prisión, pues se encuentra todavía en la de Albocàsser donde ha sufrido acoso y amenazas por parte de algunos de los carceleros denunciados. Reivindica también se le abone la pensión no contributiva que tiene asignada por su enfermedad y que hace varios meses no cobra.
Se necesita apoyo económico urgente para continuar cubriendo los procesos judiciales de los chavales que han denunciado malos tratos, así como para financiar el material de nuevas campañas.
Se ha abierto una cuenta para quienes quieran hacer alguna aportación solidaria. Los datos son: Cuenta número 0049-6720 -19-2195084217. Banco Santander. Si haces el ingreso en una sucursal, puedes asegurarte de que has apuntado bien el número comprobando que la cuenta está a nombre de Miguel Ángel. El dinero recaudado irá destinado única y exclusivamente a pagar gastos jurídicos y, en caso de recaudar más de lo necesario, material impreso de difusión sobre lo que está ocurriendo en los centros de menores. Si quieres conocer el destino concreto de alguna aportación, puedes escribirnos a través de la sección de contacto, y si sólo quieres que se utilice para uno de los dos fines, háznoslo saber también.
¡Cualquier aportación es necesaria!
Cuenta de apoyo: 0049-6720 -19-2195084217 (BANCO SANTANDER).
El juez de Instrucción de Posadas (Córdoba) ha archivado el caso de supuestos malos tratos de los educadores del Centro de Menores de Hornachuelos denunciados por cinco menores que se dieron a la fuga, ya que considera que no existen indicios de que se produjeran conductas violentas.
Durante la presentación de la memoria de la Fiscalía de Córdoba de 2009, la fiscal de Menores de Córdoba, Carmen Rubio, ha informado de que no se ha encontrado ningún indicio que pudiera probar que estas menores fueran maltratadas por los educadores del centro.
Sin embargo, Rubio ha reconocido que la Fiscalía pudo constatar que el régimen sancionador del centro era “muy rígido”, por lo que realizaron las advertencias “oportunas”, ha subrayado.
Los hechos se remontan al 2 de julio de 2008 cuando cinco chicas menores de edad se fugaron del centro de menores Hornachuelos en el que estaban acogidas tras denunciar supuestos malos tratos de los educadores.
Según fuentes de la investigación explicaron a Efe, fue el propio director del centro quien presentó una denuncia el domingo por la noche en la que ponía de manifiesto la ausencia de las menores ante el puesto de la Guardia Civil de Palma del Río
También, las fuentes señalaron que al día siguiente, las menores se personaron en las mismas dependencias del instituto armado para denunciar los supuestos malos tratos.
No obstante, una vez interpuesta la denuncia, las menores se marcharon y se encontraban en paradero desconocido hasta que fueron localizadas.
Respecto a las cinco denuncias de malos tratos que pesaban sobre algunos de los educadores del centro, cuatro de las cinco presentadas fueron retiradas.
Conocidos letrados advirtieron ayer de que la existencia de «espacios policiales autónomos», donde el control judicial no se lleva a cabo, ha sido confirmada por el dossier policial conocido esta semana. Entienden que el documento reconoce por escrito que el trato a dar a los arrestados está preestablecido según los objetivos a conseguir, y se admite la práctica de interrogatorios ilegales, así como la existencia de equipos de agentes para realizarlos.
Reconocidos abogados vascos como Miguel Castells, Iñigo Iruin, Jone Goirizelaia y, entre otros, Álvaro Reizabal, concluyen que el dossier de la Guardia Civil conocido esta semana acredita que durante la incomunicación existen «zonas francas de legalidad»; «espacios policiales autónomos con ausencia de un control judicial material real y efectivo», sentenció la letrada Ainhoa Baglietto.
Los abogados, que comparecieron en la rueda de prensa celebrada ayer en el Colegio de Abogados de Gipuzkoa, consideran que el documento hallado tras uno de los registros en el operativo del pasado abril contra abogados, allegados y ex presos, y que la Guardia Civil ha confirmado su existencia, pone de manifiesto una «doble ilegalidad»; hecho que fue calificado por Baglietto como «escalofriante».
Por un lado, los juristas entienden que el escrito «constata la práctica de interrogatorios ilegales en el transcurso de la incomunicación», y que, a su vez, demuestra la existencia de equipos de interrogatorios para los mismos. El dossier policial ratifica asimismo que el tratamiento que reciben los detenidos tiene una finalidad fijada de antemano. En términos literales, el documento hallado apunta que este trato debe perseguir «obtener manifestaciones que ratifiquen las imputaciones judiciales que existen».
Ausencia de control judicial
En la misma comparecencia, los conocidos letrados trajeron a colación la sentencia del caso “Egunkaria”, donde la Audiencia Nacional española reconocía por primera vez que el control judicial del periodo de incomunicación «no fue ni suficiente ni eficiente». Este fallo, junto al dossier policial hallado ahora, avala, al parecer de los abogados, que esta ausencia de control es «general» en operativos antiterroristas.
De ello responsabilizan a los jueces del tribunal especial; «por su pasividad y por la no adopción de medidas de las que disponen, incluso en el seno de la propia legislación antiterrorista», criticaron.
Miguel Castells, Iñigo Iruin, Álvaro Reizabal, Ainhoa Baglietto, Kepa Landa, Jose Mari Elosua, Alfontso Zenon y Jone Goirizelaia fueron los abogados que comparecieron ante la prensa para hacer una valoración jurídica del documento, al que le otorgan una importancia «vital». Estas ocho personalidades del derecho que llevan décadas asistiendo a detenidos en la Audiencia Nacional española certificaron, de manera tajante, que «nunca antes habían visto un protocolo de actuación policial de estas características».
Baglietto, que hizo de portavoz del grupo de abogados, detalló que es la Secretaria del Estado de Seguridad, supeditada al Ministerio del Interior, el órgano encargado de remitir, de manera periódica, las instrucciones generales relacionadas con la forma de actuar de las FSE. Unas instrucciones que, según apuntó la abogada guipuzcoana, son «totalmente públicas y respetuosas con la legalidad».
A juicio de los letrados que comparecieron ayer, este protocolo de actuación del operativo policial confirma por escrito que las recomendaciones sugeridas por el Ministerio de Alfredo Pérez Rubalcaba fueron «marginadas y vulneradas» al menos en aquel operativo de abril, en el que fueron apresadas diez personas en Bizkaia y Gipuzkoa.
Los letrados, sin embargo, que como recordaron ayer han asistido a cientos de clientes que han tenido que padecer la incomunicación, mostraron su convicción de que «no se trata de un protocolo de actuación aislado, sino de un protocolo de aplicación general».
Tras un análisis sosegado del documento, la letrada calificó de especialmente «escalofriantes» algunas de las instrucciones contenidas en el documento como el carácter selectivo del tratamiento «exquisito» que el dossier contemplaba para algunos de los detenidos. Baglietto recordó que antes de conocer este dossier, el mismo día en el que a los detenidos se les levantó la incomunicación, se pudo comprobar el trato sufrido por aquellos que no fueron elegidos para recibir el trato exquisito. Recordó que éstos denunciaron ante el Juzgado de Instrucción Número 3 vejaciones sexuales y malos tratos físicos como sicológicos. Además del trato preestablecido en el documento, estos arrestados confirmaron la existencia de grupos de interrogatorios y la realización de los mismos.
Ante la gravedad de las formas de actuación que, en su opinión, se deducen del documento, los letrados instaron a profesionales del ámbito jurídico, a agentes internacionales y a la sociedad en general a incrementar la denuncia para que estas prácticas no se apliquen más en el futuro.
«Un borrador» de un policía, pero escrito a tres manos Un día después de que GARA diera cuenta de la existencia de este documento, la agencia Vasco Press difundía la versión ofrecida por el instituto armado al requerimiento del juez instructor, y en la que indicaban que se trata de «un borrador de trabajo», no oficial, que fue elaborado por un agente para su uso particular y que lo descrito en él no se corresponde con las actuaciones realizadas.
Para la abogada Ainhoa Baglietto el argumento ofrecido por el instituto armado no es creíble y expuso diversas reseñas para ello. Insistió en que el dossier policial, que consta de 16 páginas, está escrito a ordenador, «con nombres y apellidos de varios agentes, pseudónimos y personas que deberían participar en el operativo»; subrayó que el documento cuenta con anotaciones de al menos «tres manos diferentes», e indicó que en el texto se establecen reuniones de coordinación entre las comandancias de Gipuzkoa y Bizkaia.
En definitiva, considera que en él está «todo un diseño de un operativo policial», por lo que concluye que podría haber sido realizado por las personas al mando del operativo. O.L
buzón La letrada, a preguntas de los periodistas, volvió a confirmar que el dossier de la Guardia Civil fue hallado en un buzón del barrio donostiarra del Antiguo. Fue la compañera de uno de los detenidos la que lo encontró y presentó al juez.
Investigación, bajo secreto sumarial El dossier policial ha sido presentado ante el Juzgado de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional española. Sin embargo, los abogados desconocen las diligencias de investigación que se están realizando en la causa, debido a que Fernando Grande-Marlaska ha decretado la causa bajo secreto de sumario. Baglietto indicó que el dossier también ha sido presentado en los juzgados de Donostia y Bilbo, donde se instruyen las denuncias de tortura presentadas por algunos de los arrestados y encarcelados.
[…] Necesito salir de Morón sin más demora. El clima que se respira por aquí adentro es muy negativo. Me están haciendo polvo física y psicológicamente.
Aunque resulte difícil de creer, los servicios médicos-reaccionarios se oponen a tratarme médicamente. Es decir, ya no te hablo de que me tratan mal en las consultas médicas, sino que se niegan a recibirme.
Madrid tiene pleno conocimiento de todas las atrocidades que se están cometiendo contra mí en la prisión de Morón. E incluso te puedo garantizar que ha sido la D.G.I.P. quien ha dado la orden a Morón para que se me deniegue –total y absolutamente-la asistencia médica. Esto viene a raíz de una carta que envié a la directora general de II. PP. Y en la que le hacía saber que si no tomaba cartas en el asunto para que se normalizara toda mi situación médica y regimental, recurriría a la prensa y medios de comunicación para que saliese a la luz todas las atrocidades que están cometiendo conmigo. Así que […] ha dado la orden para que se me reprima hasta la saciedad. Y para colmo me han vuelto a dar como centro de cumplimiento Morón. Como no me ande con cuidado, difícil lo tengo para salir con vida de Morón, porque si no me quitan la vida ellos, ya utilizarán algunos de sus presos robots. De hecho ya lo han intentado en su forma más perversa y criminal –son unos expertos en el juego sucio-.
Si estuvieras en mi pellejo en tenderías que todo cuanto te digo no es producto de una paranoia mía. Así que quiero que quede bien claro que si me ocurriera cualquier percance durante mi permanencia en la prisión de Morón, no preguntes quien puede estar detrás del mismo, porque ya lo sabes.
Por otro lado, a pesar de tener saturada toda la administración de justicia de Sevilla (denuncias), la impunidad es total y absoluta ante los viles y cobardes cometidos que ejecuta la prisión contra mi persona. Pero lo más preocupante de todo es el interés que tiene la misma (Administración de Justicia) porque permanezca en Morón, ¿tú me entiendes?
Ya mandé un escrito al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla solicitando el archivo de todos los escritos que había presentado ante el mismo. Y a su vez, le hacía saber que no reconocía al JVP como tal. De hecho, ahora me han imputado una sanción y no pienso recurrirla, precisamente porque no reconozco a un Juzgado (encubridor y torturador) que forma parte de todo el entramado mafioso-carcelario.
Como bien sabes Sevilla es un feudo socialista y la administración de justicia tiende a tapar las desvergüenzas del gobierno central. Y la prisión de Sevilla es una de ellas.
[…]
La salud la tengo podidamente jodida, pero ello no merma mi ánimo de lucha y esto dispuesto a darlo todo por mis convicciones e ideas.
Ya sé que es un suicidio enfrentarse a una institución carcelaria que cuenta con el respaldo de la maquinaria represiva estatal. Aunque, en verdad, la institución carcelaria no es otra cosa más que parte de la maquinaria represiva del estado.
De todas formas, sigo pensando que la causa por la que lucho bien merece la pena, incluso morir por ella.
[…]
Con afecto y estima, un abrazo revolucionario.
Salud y Resistencia.
José Medina Lomas.
“La tortura y la represión son los alimentos que nutren y forjan mis convicciones e ideas”
El Frente de Liberación Animal Guadalajara México, se adjudica la colocación de un artefacto explosivo a base de dinamita y gas butano el cual coloco junto al edificio en el que se encontraba la empresa Novartis, esta empresa tiene relación con Huntington Life Sciences, este laboratorio de encarga de torturar y esclavizar animales para el uso de los animales humanos, para sacar a la venta productos como cosméticos, medicamentos, y alimentos todavía no aceptados, queremos decirles desde México a HLS y a Novartis que la Vivisección es un fraude científico y nosotros no descansaremos hasta acabar con su cruel industria especista, las enfermedades son la consecuencia de su vida sedentaria y domestica, los productos como los cosméticos son innecesarios para nuestra existencia, pero se siguen justificando que es para el bien de una sola especie, cuando en el planeta solo existe la especie animal, se darán cuenta de que esto no es un juego cuando uno de sus directores o empleado aparezca inconsciente en la calle a base de un ataque de algunos activistas? O se darán cuenta cuando su larga lista de familiares sea intimidada psicológica y físicamente? Ustedes deciden si dejar a los animales o sufrir la consecuencias.
Frente de Liberación Animal/Animal Liberation Front Guadalajara México
La directora del centro de menores de Galapagar, que está siendo investigado por la Justicia por presuntos malos tratos, ha reconocido durante su declaración que cuidadores sin título y sin ningún tipo de experiencia tienen potestad para inmovilizar a la fuerza a los chavales, así como que se prescriben fármacos a los chicos y se autorizan contenciones mecánicas con correas de sujeción con la autorización de un psiquiatra vía telefónica.
Para ponerse en antecedentes habría que remontarse a el pasado 3 de febrero cuando el Defensor del Pueblo visitó el centro de menores tutelado de Galapagar, “una especie de internado para chicos desprotegidos” dependientes de la Comunidad de Madrid. Le llamaron la atención varias cosas. Por ejemplo: las características de las sujeciones que se usan para inmovilizar a los niños. También la impresión que daban algunos de ellos de estar sobre-medicados más allá de la prescripción médica. Y, sobre todo, las enormes contradicciones entre los relatos de los educadores y los chicos allí recluidos.
La visita se realizó debido a una denuncia interpuesta por dos jóvenes en un cuartelillo de Torrelodones. Uno de ellos abandonó el centro hace dos años. El otro aún es menor. Ellos dos junto a otros dos, que ahora también son mayores, pusieron esta demanda penal el pasado diciembre. Los cuatro jóvenes ya han declarado como testigos en un Juzgado junto con más compañeros y algunos cuidadores. En la sala se escuchará el relato de los menores describiendo tormentos como estar una noche atados sin poder moverse y con orines encima. Las sistemáticas humillaciones verbales y castigos. O el exceso de medicación más allá de las normas legales que la regulan.
La Consejería de Asuntos Sociales, de la que depende el Instituto del Menor y la Familia, sostiene que los correajes hallados están homologados y también se pueden encontrar en un hospital.
Elena Moneo Domingo, actual directora del centro, compareció esta mañana como imputada ante el juez de Instrucción número 7 de Collado Villalba, quien investiga las denuncias presentadas por los cuatro menores. Se le acusa de un delito de atentado contra la integridad moral, que supone el escalafón menor al delito de torturas, la directora relató que a los educadores se les exige un título medio de prácticas sociales, mientras que los cuidadores no necesitan ni siquiera experiencia para trabajar en el centro. Tanto educadores como cuidadores tienen facultad de practicar una contención física a los chicos si así se requiere, torciéndoles el brazo para inmovilizarles. La imputada señaló que en el mismo centro se da un curso de formación a los empleados sobre cómo actuar en el caso de contenciones físicas (inmovilizaciones), químicas (fármacos) y mecánicas (correas de sujeción).
Otra de las denuncia corresponde a J.A.G, interno en el centro de Galapagar durante tres años, de septiembre de 2005 a julio de 2008. El joven se declara víctima de castigos psíquicos, como la obligación a ducharse delante de los educadores.
Estas cárceles para los niños son de carácter privado, son gestionados como un negocio cualquiera y como tal lo único que busca es el incremento de sus ingresos para abultar más sus beneficios. Las vidas de estos niños resulta una materia prima muy golosa para ambiciosas entidades privadas, que solo buscan abrir su mercado y mejorar su patrimonio teniendo en cuenta que lo hace con la complicidad de las instituciones.
El centro de Galapagar recibió este año por parte de la comunidad de Madrid una subvención de 1.5 millones de euros. El Centro situado en la calle San Antonio nº 6, pertenece a la empresa de salud mental Consulting S.L. Esta empresa que se dedica a la “salud mental” aparte de tener este centro de menores en galapagar, posee otros dos, uno en Robledo de Chavela y otro en El Escorial.
Recordar que aquí en Burgos se encuentra otra carcel de menores en el barrio de Villatoro pertenenciente a O’Belen, otra “fundación” que también se encuentra bajo sospecha de utilizar las mismas prácticas (ya que parece algo normalizado según se está viendo) y tras el suicidio e intento de suicidio de varios chavales. También habría que decir que la UBU tiene firmado un convenio con dicha carcel para mandar de prácticas allí a parte de sus alumnos de Educación Social. La Universidad ya conoce las prácticas y el dossier realizado sobre esta “fundación”que denuncia sus actuaciones y parece que sigue encajonada en seguir colaborando con ellos por lo tanto se les podría considerar complices del maltrato y la tortura.
Se quedó inconsciente de la brutal paliza, el coordinador del centro le pisó la cabeza: el niño solo tiene 15 años, un brazo roto, la cara hinchada, lesiones por todo el cuerpo… para que no saltase el escándalo y ocultar lo ocurrido El Pinar encierra a Hecham 20 días en su celda con un vigilante en la entrada, no se le permite salir al patio, contactar con su abogado, ver a compañeros, nadie externo al centro puede verle o contactar con él… el objetivo: que Hecham se cure y borrar todas las posibles huellas de la brutal paliza.
Viernes 21 de mayo 19,00h. Charla: “¿Existe la tortura? Amnistía Internacional habla del caso Rodrigo Lanza (4F)”. Con Virginia Álvarez, de Amnistía Internacional de Madrid y Mariana Huidobro, madre de Rodrigo. Centro Cívico Estación del Norte (Sala Seminario C/ Perdiguera, 7) Organiza: Grupo de Apoyo a Rodrigo Lanza (Zaragoza).
Sábado 22 de mayo 17,00h. Jornada por la libertad de Rodrigo y demás encausados del 4F con actuaciones de rap, poesía, graffitis, etc. en el Centro Social Ocupado La Vieja Escuela (C/ Biescas, s/n-Torrero)
16:00 Merendola, pintado de un mural y recital de poesía del Señor Mugres
El presente informe tiene por objeto exponer de manera sintética los hechos que han sido objeto de denuncia por internos del Centro Penitenciario de Teixeiro (A Coruña), presuntamente cometidos por funcionarios destinados en el citado centro y que por su naturaleza pudieran ser calificados como delitos de tortura, contra la integridad moral, rigor innecesario y lesiones…
Hospitalizado Txus Martin, que hoy cumple 24 días en huelga de hambre.
Tres presos políticos vascos se encuentran en huelga de hambre. En el caso del basauriarra Txus Martin, hoy cumplirá 24 días sin ingerir alimentos, hospitalizado desde el domingo. Otro basauriarra, Alberto Saavedra lleva también once días de protesta, al igual que Martin, en contra de su posible entrega a Madrid. Por su parte, el navarro Joseba Fernández lleva dos semanas en huelga contra el aislamiento. Otro navarro, Eneko Olza, recuperó ayer la libertad.
Tres prisioneros políticos vascos se encuentran en estos momentos en huelga de hambre en cárceles del Estado francés. Dos de ellos, los vizcainos Alberto Saavedra y Txus Martin, emprendieron esta protesta ante el riesgo que corren de ser expulsados ante la inminencia de que van a a agotar la pena impuesta por los tribunales especiales. En el caso de Txus Martin Hernando, ayer, al cumplir 23 días en huelga de hambre y ante el deterioro de su estado de salud, fue hospitalizado. Ya ha perdido al menos diez kilos, según informó el movimiento pro amnistía.
Los presos políticos de Basauri Txus Martin Hernando y Alberto Saavedra se encuentran en huelga de hambre, ya que ambos agotarán en los próximos días la condena impuesta en su día por los tribunales especiales de París. El tercer preso político vasco inmerso en este método de protesta, el navarro Joseba Fernández Aspurz, lleva ya dos semanas en huelga de hambre para exigir que sea sacado de aislamiento -en el que permanece desde que el pasado 17 de marzo fuera arrestado en las inmediaciones de París- y llevado junto a otros presos políticos vascos. El joven iruindarra se encuentra preso en la cárcel de Poities, donde es el único prisionero político vasco.
Tras diez años, Eneko Olza libre
El movimiento pro amnistía informó ayer de la protesta emprendida hace ya varias semanas por estos tres ciudadanos vascos encarcelados actualmente en el Estado francés.
En el caso del vecino de Basauri Txus Martin Hernando, que fue detenido el 31 de enero de 2002 y a fecha de hoy se encuentra preso en la cárcel francesa de Tarascon, el vizcaino cumple hoy 24 días en huelga de hambre, protesta que sigue llevando a cabo a pesar de que anteayer, al cumplir 22 días, fue hospitalizado ante el deterioro de su estado de salud.
Según el movimiento pro amnistía, será el lunes que viene, el 26 de abril, cuando Martin Hernando cumpla de forma íntegra la condena impuesta por París. En la sentencia le fijaron la prohibición de residir en territorio francés. Así, ante el riesgo de ser expulsado el lunes mismo, el vecino de Basauri comenzó con la huelga de hambre.
El otro basauriarra en huelga de hambre desde el 11 de abril, Alberto Saavedra, preso en Bois D´arcy, a su vez, cumplirá la condena fijada por París este sábado, 24 de abril, con riesgo también de ser expulsado.
El movimiento pro amnistía, por su parte, también informó de que el joven iruindarra Eneko Olza, que ha permanecido diez años preso tras su arresto por la Policía española en 2000 acusado de un acto de «kale borroka», cumplió ayer de forma íntegra la pena impuesta y recuperó ayer mismo la libertad. A la noche fue recibido en Iruñea.
Por otro lado, el lunes fueron 71 los concentrados en Ondarroa por los derechos de los presos, 20 en Bermeo, 18 en Ordizia, 25 en Zaldibia, 25 en Ataun, 14 en Euba, 27 en Pasaia San Pedro, 20 en Añorga y 22 en Altza.
Tercera víctima
Nueva dosis de maltrato.
El día de su traslado a Picón, Marisa pidió al director que le enseñasen el centro para saber dónde viviría su hijo, nada más llegar allí, pero se lo negó.
