Aunque este caso es sobre Chile, considerado uno de los países de “vanguardia” de Latinoamérica y de décimo lugar en liberación económica según los datos de Cedice. Demuestra el carácter ambiguo de la “Concertación” y de cómo se sigue persiguiendo a la franja más aguerrida y combativa de la izquierda chilena.

¿ANARQUISTAS EN CHILE?

Chile es considerado en Latinoamérica, como el segundo país con mayor crecimiento y progreso después de Brasil; sin embargo más allá del destello de publicidad que sobre la vidriera del país promocionan inversionistas, burócratas, “progres” de todos los estratos sociales, la realidad es muy distante de la resonancia mediática.

Las movilizaciones estudiantiles del 2006, el problema habitacional que sacude el segundo país más costoso en alquiler después de Venezuela, la deuda histórica de las víctimas de la dictadura, el conflicto mapuche hoy extendido a los Rapanui, la constante presencia de estamento militar en la vida pública nacional, la destrucción ambiental de Pascual Lama o las políticas neoliberales profundizadas por el pacto de la Concertación con el anuente de la izquierda tradicional, generaron una respuesta antagónica dentro de la juventud que empezó de manera acelerada a interesarse en el anarquismo como respuesta política y de vida al establishment chileno.

Este auge cuantitativo y cualitativo de las ideas libertarias generó una respuesta antagónica por parte del Estado y sus medios de represión, quienes inician su proceso inquisitorial el 11 de septiembre de 2006 cuando el Palacio de La Moneda es impactado por una bomba molotov.

Desde ese instante las detenciones de anarquistas en manifestaciones, actos culturales y de manera aleatoria se convirtieron en una constante dentro del movimiento antiautoritario, lo cual generó una respuesta de ataque dentro de un grupo de anarquistas que decidió responder en las mismas condiciones detonando en varias ciudades más de 200 bombas de ruido sin víctimas fatales, lo cual abriría un extenso expediente en el Departamento de Justicia bajo el nombre del “caso bombas”.

Sin embargo, el 23 de mayo de 2009, un error humano hace explotar al anarquista Mauricio Morales mientras trasportaba una bomba que pensaba plantar en la Escuela de Gendarmería. Este luctuoso suceso se convirtió en la justificación perfecta para que el estado allanara dos centros culturales en búsqueda de evidencias que fundamentaran sus hipótesis.

Desde ese momento la okupa “Sacco y Vanzetti”, así como “La Crota” y “La Idea” se convirtieron en los centros de especulación de los organismos de inteligencia y de los medios de comunicación. Sufriendo un intento de allanamiento el 24 de mayo y otra el 11 de diciembre de ese mismo año.

El denominado “caso bombas” había sobrevivido a una administración, 3 ministros de justicia y casi 4 fiscales especiales, además del apoyo del FBI y la policía italiana, sin que se produjese detenciones debido a las insostenibles pruebas que lograban recaudar hasta que el 12 de junio de 2010 es designado el fiscal de la Zona Sur, Alejandro Peña, al cual algunas voces disidentes lo catalogan como un habitual consumidor de cocaína por lo cual se ganó el apodo de “jalandro” dentro de los ambientes antagonistas.

Lo que no había sido resuelto en 5 años consecutivos se resolvió en tan solo 1 mes y 5 días, cuando el estamento jurídico policial inició la denominada “operación salamandra”, en el marco de las fuertes movilizaciones que se realizaron en solidaridad con el pueblo mapuche y que consistió en el allanamiento de okupas (Sacco y Vanzetti, La Crota) y varios domicilios particulares que culminó con la detención de 14 anarquistas.

Los compañero/as detenidos son: Andrea Urzúa Cid, Mónica Caballero, Candelaria Cortez Monroy, Rodolfo Retamales, Felipe Guerra, Omar Hermosilla, Pablo Morales, Carlos Riveros, Camilo Pérez, Vinicio Aguilera, Francisco Solar, Diego Morales, Iván Goldenberg y Cristian Cancino, a los cuales se les suma Gabriela Curilem y Diego Ríos que decidieron no acudir a la pantomima judicial.

¿POR QUÉ ES UNA “PANTOMIMA JUDICIAL”?

La audiencia preliminar de los detenidos ha dejado en evidencia una cantidad de incongruencias, pruebas impertinentes, hipótesis descabelladas, mal manejo de términos por la parte acusadora que pone sobre la mesa nuestro argumento de montaje mediático-judicial que busca poner un freno a las actividades anarquistas en Chile. Para ello hemos enumerado algunos:

1.-Se violó la presunción de inocencia: los ordenamientos jurídicos y sobre todo en materia tan delicada como la penal, toda persona es tenida como inocente hasta que se dictamine una sentencia judicial definitivamente firme. Esto no ocurrió con los detenidos que desde un primer momento han sido acusados de “terroristas” y “criminales” sin que se iniciara la audiencia de presentación.

2.-El principio legal del control de la prueba por la parte acusada ha sido violado de forma flagrante, ya que incluso los medios de comunicación han obtenido las supuestas “pruebas” antes de que se realizara la audiencia, lo cual deja en entredicho la imparcialidad del proceso.

3.-El derecho a la expresión de las ideas es un derecho universal. Consagrado no solo por el ordenamiento interno chileno sino por todos los tratados que en materia de Derechos Humanos han firmado. El grueso de las pruebas presentadas por la fiscalía se basan en textos, poster, pegatinas y serigrafía con mensajes anarquistas que no representan ningún delito. Así como los videos de internet que los mismos acusados subían; recordamos que Rodolfo Retamales es comunicador social.

4.-La fiscalía en su afán de inculparlos ha usado tipos penales que se encuentran consagrados en la “Ley Antiterrorista” y que no se pueden aplicar a civiles y mucho menos a las ideas anarquistas debido a que representan una antítesis con sus propios postulados. Por ejemplo, la fiscalía ha hablado de “centros de poder”, “cabecillas” y “orgánicas” que no se aplican a los ambientes libertarios. Esta franca estupidez es una reproducción andina al carbón del Caso Marini de Italia, del cual está demás decir que recibieron asesoría.

5.-Parte de las acusaciones son producto de las declaraciones de Gustavo Fuentes Aliaga, traficante de drogas y agresor de mujeres, expareja sentimental de una de las acusadas, el cual se encontraba en prisión por intentar apuñalarla en varias oportunidades (siete en total) y que el Servicio Medico Legal le había diagnosticado esquizofrenia. Así como de un “testigo encubierto” del cual no se conoce absolutamente nada. Recalcamos que durante la Audiencia de presentación, el mismo Fuentes Aliaga escribió de su puño y letra un papel donde exculpaba a dos acusados.

6.-De manera machista en el caso de las detenidas, la fiscalía centra el peso de la acusación en las relaciones sentimentales y familiares con otros detenidos, como es el caso de Andrea Urzúa Cid (cuñada de Marcelo Villarroel, anarquista detenido por el Caso Security), Mónica Caballero (supuesta pareja sentimental de Axel Osorio) y Candelaria Cortez (expareja de Gustavo Fuentes).

7.-En el caso de Francisco Solar, la única evidencia esgrimida es que realizó su tesis de grado en antropología sobre el grupo “Kamina Libre” que existía en la prisión y compuesto por Pablo Morales, Rodolfo Retamales y Marcelo Villarroel.

8.-A Felipe Guerra se le acusa de ser la segunda persona que acompañaba a Mauricio Morales cuando falleció, sin embargo dicha acusación había sido otorgada de manera irresponsable por la fiscalía a Diego Ríos, hoy en fuga. Por lo cual no queda claro quién lo acompañaba y demuestra la manera ligera con que el estado acusa a los anarquistas. Si Felipe es culpable entonces Diego es inocente y si Diego es culpable, Felipe es inocente.

9.- Otra prueba es el supuesto financiamiento internacional, debido a que un italiano (Matteo Rossi) había depositado casi 900 dólares, lo cual es algo pírrico y ridículo para sustentar una acusación de “organización terrorista” como la presentada por la fiscalía, cuando el alquiler mensual de un apartamento en el centro de Santiago se calcula en 200 dólares aproximadamente. Además de que Gabriela Curilem y otros miembros de la CSA Sacco y Vanzetti han afirmado que ese dinero fue destinado a ayudar a los presos anarquistas (Axel Osorio, Marcelo Villarroel, Cristian Cancino, Jubilo, etc.) además que en el correo interno entre el depositante y el destinatario el dinero sería usado para la publicación “Presxs a la kalle” y para la biblioteca de la Sacco y Vanzetti.

10.-En el caso de Andrea Urzúa se usa como antecedente su detención en Neuquén (Argentina) cuando visitaba a su cuñado Marcelo Villarroel y acusada injustamente de intentar introducir explosivos en la prisión, resaltamos que jamás se demostró la presencia de los presuntos explosivos y su detención se produjo después de un altercado verbal con los custodios. Debido a esto y por no existir pruebas fue puesta en libertad.

11.-Nueve de las bombas detonadas, contenían TNT, no se ha podido demostrar cómo obtuvieron los explosivos, de dónde los sacaron ni cómo se emplearon.

12.-Otra de las pruebas es la de haber encontrado “trazas de explosivo” en alguno de los imputados, que ya han sido desechada en otros casos por ser improcedentes como es el del anarquista Axel Luzarraga o el paquistaní Saif Khan.

13.-Una de las pruebas usadas contra Candelaria Cortez, es un suéter con supuestas trazas de TNT pero que en el mismo suéter tenía varios ADN. Esto es importante debido a que en casi todas las okupas hay “free shops” o lugares de trueque donde dejas ropa y agarras otra. Por lo cual ese suéter puede pertenecer a otra persona.

14.-Todos estos “peligrosos anarquistas” llevaban vidas públicas y muchos tenían trabajos fijos en diferentes instituciones, domicilios conocidos y algunos pagaban de forma pública y notoria la luz y el agua, por lo cual estaríamos asistiendo a los primeros “terroristas open life” de la historia.

15.-En el caso de Rodolfo Retamales y Pablo Morales, el fuerte de la acusación de la fiscalía se centra en su pasado subversivo como miembros del Movimiento Juvenil Lautaro, por lo cual estuvieron presos hasta que fueron indultados. Esto atenta contra el principio de legalidad penal mediante el cual a nadie se le debe juzgar por sus delitos pasados siempre y cuando haya cumplido una condena. Ni esto es un atenuante para desvirtuar el principio de presunción de inocencia.

¿QUÉ PASÓ CON EL “NAZI”?

Una de las conexiones que poco se ha estudiado durante la investigación, es la presencia de un peculiar personaje, que nos trae a colación a la infame Modejh Namesetchi del Caso Marini. El 31 de agosto de 2005, es detenido Roberto Gajardo Rubilar (a) “el nazi” acusado por la fiscalía de tres intentos de homicidio, así como de brindar protección a narcotraficantes y liderar una banda de hampones conocida como “los nazis”. La detención fue realizada por el fiscal Pablo Sabaj. Pese a tener antecedentes y un amplio prontuario previo, salió en libertad al poco tiempo, para volver a ser detenido el 18 de agosto de 2007, después de protagonizar 3 asaltos disfrazado de carabinero; pese a todo ello vuelve a quedar en libertad.

Pocos días después de haber asumido la investigación el fiscal Alejandro Peña, el 7 de julio, es detenido de nuevo en su residencia en la cual se encontró abundante material para la construcción de bombas (pólvora, metralla, extintores, mechas, detonadores), como las que le son imputadas a los anarquistas.

Gajardo Rubilar informó que hacía las bombas que le vendía a los anarquistas por un costo de 800 dólares, prácticamente el dinero depositado por el italiano Matteo Rossi. Resaltamos el hecho que su interrogatorio así como su detención fue efectuada por el fiscal Pablo Sabaj, el mismo que lo detuvo en 2005 y que junto a Marcos Emilfork, Héctor Barros y Francisco Rojas conforman el equipo investigativo del fiscal Alejandro Peña.

Este caso nos trae a colación, los sucesos de la Plaza Fontana en Italia en el cual un grupo neonazi con la anuencia de los servicios de inteligencia italianos se dedicó a poner bombas que luego le fueron imputados a grupos anarquistas y que terminaron de manera trágica con la muerte del anarquista Giuseppe Pinelli arrojado desde la ventana de una comisaría.

¿LA FISCALÍA JUEGA A LA RULETA RUSA?

Si algo ha demostrado la fiscalía chilena es una total impericia y visceralidad a la hora de imputar anarquistas. Por ejemplo: el 26 de septiembre de 2006 desalojan la okupa “Mansión Siniestra” y detiene a 6 personas acusándolas de atacar el Palacio de La Moneda, una semana después son puestas en libertad por no tener indicios contra ellos y un año después son absueltos de todos los cargos.

Algo similar ocurrió con el anarquista Edgardo Hernández Lucero al cual lo acusaron de detonar una bomba en la Defensoría Penal de Temuco y que luego se le imputó al libertario vasco Axel Luzarraga, ambos serían absueltos, sin contar los detenidos en manifestaciones, en allanamientos a okupas y centros sociales.

En todos los casos informaban a la opinión pública tener “pruebas fehacientes”, materiales explosivos, trazas de explosivos, literatura subversiva, videos, fotos y un montón de supuesta evidencia que luego se diluye como sal en el agua.

¿QUÉ SE JUEGA HOY EN CHILE?

El show mediático de la audiencia preliminar, que después de una larga jornada dejó en libertad a 8 de los detenidos, quiere ser revertido por la fiscalía extrayendo a la fuerza pruebas de ADN de los detenidos así como aislándolos en módulos especiales y estrictos regímenes de reclusión que buscan quebrar su voluntad. Además de las continuas y amenas visitas de la fiscalía a la celda de Roberto Gajardo Rubilar que han sido comentadas en varios comunicados por los detenidos.

Mas allá de la sintonía o no con algunas ideas esbozadas por los detenidos, de la distancia que nos separan, hacemos un llamado público de solidaridad con los detenidos que antes de un juicio han sido condenados prácticamente por los medios de comunicación pública.

Para lo/as detenido/as, sus familiares, amigos y allegados mis más profundos afectos de solidaridad y amistad en estos difíciles momentos, pero recuerden que antes del amanecer la noche es siempre más oscura. Las mentiras se crean pero jamás se mantienen.

Por Rodolfo Montes de Oca

Dossier sobre la situación actual en Chile: “Guerra Social en chile e Inquisición democrática “. Descargatelo pinchando AQUÍ