Solidaridad Obrera
Las movilizaciones de 15 M suponen un problema de gubernamentalidad para el sistema. La represión incluye acciones psicosociales, en el ámbito de lo inmaterial: la “guerra psicológica” .
Introducción
Las movilizaciones en torno al 15 M suponen ya un grave peligro para el sistema. La noche del 20 de mayo, miles de personas en todo el país desobedecieron colectiva, explícita y conscientemente una orden pública, clara y directa de la autoridad: la prohibición de manifestarse en la jornada de reflexión previa a las elecciones municipales. Y en el momento de la desobediencia, pese a tan manifiesto desafío, la autoridad no se atrevió ni a hacer cumplir su orden, ni a implementar las consecuencias que debe implicar la desobediencia a una orden de la autoridad. El gobierno, en tanto que tal, hizo sus cálculos de gobierno, y los resultados le debieron mostrar que ante la oportunidad, cualidad, magnitud y extensión del desafío intentar que su orden se cumpliera de facto le podía traer peores consecuencias.
En ese momento, el conflicto dio un significativo salto cualitativo. La ecuación general de gobierno había cambiado sustancialmente. Ante los ojos de todo el mundo que quiso verlo, se había cuestionado la misma base de la relación de poder. La crisis no era ya del gobierno en turno, sino de gubernamentalidad: con la desobediencia se puso en evidencia la (in)capacidad del sistema para, en un momento decisivo, conducir la conducta de la población, es decir, para gobernar a la población.
Obviamente, ante tal situación, los poderes del sistema hegemónico no se van a quedar de brazos cruzados. No pueden permitir semejantes cuestionamientos. Un precedente tal, por incipiente que pueda ser, contiene un potencial demasiado peligroso para el mantenimiento de la relación de poder, semillas que podrían crecer, reproducirse y extenderse con facilidad en el ambiente favorable de un medio caracterizado por una crisis tan intensa y extensa como esta en que nos encontramos inmersos y que motiva y legitima el movimiento de lxs indignadxs.
El poder hegemónico buscará construir, tan pronto como le sea posible, las condiciones y la situación necesarias para acabar con el desafío a su capacidad de conducir las conductas. Reconstruidos los cálculos de gobierno, pondrá en marcha su estrategia para la re-conducción funcional al sistema de las conductas de la población.
En su estrategia, utilizará numerosos y diversos mecanismos y dispositivos. Unas veces actuará bajo un plan minuciosamente preparado; otras veces intentará desatar sinergias o modificar el medio en que se desarrollan las diversas actuaciones. La ofensiva de la hegemonía incluirá la dimensión material de la represión, pero también dimensiones inmateriales, psicosociales. Para alcanzar sus objetivos, debe considerar necesariamente los componentes de ambas dimensiones y de manera entrelazada.
La dimensión material de la represión se evidencia muy claramente con la violencia policial y su impunidad. Hay que desalojar la plaza: se trata de controlar el lugar central del territorio, la circulación por el mismo, la conducta material de esa población díscola y la expuesta visibilidad de todo ello.
Y todo eso, habrá que hacerlo con apariencia de sentido común, de razón, de justicia, de legalidad, de necesidad, de opinión mayoritaria, de democracia… En definitiva, de legitimidad.
Aquí entra en escena la dimensión inmaterial-psicosocial: percepciones, representaciones, composiciones, análisis y significados de la realidad; informaciones, comunicaciones, afectos, identidades, voluntades, decisiones… Todos estos factores se ponen en juego complejo, interrelacionándose, causándose mutuamente, retroalimentándose… El resultado, en tanto que interacción compleja, con altas dosis de impredictibilidad…
Esta dimensión inmaterial de la represión se hace a veces más difícil de visualizar. Por ello, vamos a hablar a continuacion de algunos de esos mecanismos de las dimensiones inmateriales y vamos a ver cómo se han implementado en estos días. Se trata de conocer los mecanismos de la represión para poder afrontarlos mejor.
El estado de las cosas y la legitimidad.
El sistema estuvo al borde del colapso.Vivimos en una crisis profunda, que se extiende de manera intensa a todos los ámbitos de la vida de amplias franjas de la población. Especulación y usura sin límite, corrupción desaforada, desempleo galopante, desalojos de viviendas embargadas por los bancos, familias que quedan en la calle y endeudadas para toda la vida, condenados a no poder remontar nunca… No se ven salidas.
Nos dicen que quienes más sufren las consecuencias de la debacle, lxs de abajo, deben también aportar más sacrificios para que todxs salgamos de la crisis, por el bien común. Hay que recortar costes, los costes de los derechos por los que se luchó largamente, derechos humanos, que dan contenido a la dignidad en tanto que seres humanos: derechos laborales, pensiones, salud, educación… todo debe ser recortado, para salir de la crisis…
Sin embargo, los sectores causantes de la crisis, transnacionales multimillonarias, banqueros especuladores y políticos profesionales corruptos, salen más beneficiados con esas presuntas soluciones a la crisis.
La corrupción del sistema político impide tomar decisiones para beneficio común, y los poderes hegemónicos de la economía de especuladores y banqueros imponen sus intereses como sentido común. Los causantes de las crisis salen no sólo impunes, sino fortalecidos, dispuestos por tanto a profundizar el expolio. Los sindicatos mayoritarios se muestran serviles y funcionales ante los poderes hegemónicos, tan solo buscan conservar su lugar en el reparto y extienden el discurso del miedo conformista. No hay canales adecuados en el sistema para cambiar la situación.
La injusticia se hace cada vez más evidente para todo el mundo, afecta a más gente y más profundamente. La indignación se ha ido fraguando. En otros lugares como Islandia, Túnez o Egipto, otras gentes han conseguido derrocar el sistema que mantenía la injusticia.
La percepción del estado de la realidad se significa colectivamente como injusta e indignante, impulsa a la acción. Las acciones que ofrecen los conductos del sistema se aparecen ineficaces. Es más, el sistema se aparece como funcional y hasta promotor de ese estado de cosas. Por lo tanto, se hace necesario y legítimo intentar otras, no cualesquiera, maneras: las acampadas en espacios públicos centrales.
Las razones de la indignación son muchas, justas y objetivas; los indignados son numerosísimos a lo largo de todo el país, están determinados a actuar con métodos socialmente aceptados y por todo ello disponen de gran apoyo social dentro y fuera del país: tienen legitimidad, y mucha, para ser, hacer, decir y ser escuchados.
La autoridad, por las mismas razones, no tiene tanta legitimidad. Además, cuando una autoridad emite una orden injusta, acentúa en los gobernados la convicción de que el gobierno no actúa conforme debe, disminuye el reconocimiento de su legitimidad como autoridad para emitir órdenes y por tanto el potencial de sus instrucciones para generar comportamientos disminuye considerablemente. En un sistema que se llame democracia, si la autoridad no se conduce legítimamente, se cuestiona que el sistema se pueda denominar “democracia”. Y entonces la desobediencia se hace legítima y hasta necesaria.
La desobediencia se basa en la ilegitimidad del estado de cosas, de la realidad, y del sistema, así como en la legitimidad de quienes desobedecen, sus planteamientos y métodos.
El sistema entonces tratará de ganar legitimidad para la acción gubernamental. La acción del gobierno debe ser percibida como justa y legítima. Si no es percibida así, los gobernados difícilmente aceptarán la acción de gobierno. La resolución del conflicto dependerá, en gran manera, del comportamiento que vayan adoptando quienes en el escenario se limitan, de momento, a observar:¿apoyarán o no la acción gubernamental? ¿se alinearán con lxs desobedientes?
Se tratará entonces de legitimar la acción de represión. Una forma habitual de ganar legitimidad gubernamental es arrebatársela a los gobernados que protestan y que le desafían, así como a todo aquel que no colabore funcionalmente con sus propósitos, es decir, con todo aquel que no le obedezca rápida y oportunamente.
Para ello, a través de numerosas actuaciones de diversos dispositivos, intentará, entre otras cosas, redefinir las dimensiones que enmarcan la acción de los mecanismos de composición social de la realidad colectiva y su problemática; cuestionará métodos y características de su adversario y buscará reducirles el apoyo social. Así, promoverá un pensamiento rígido que utilice categorías estancas excluyentes en donde se querrá encajar la realidad, instalará la mentira institucionalizada, promoverá la polarización social, y tratará de que la violencia se convierta en el medio decisivo para la resolución final del conflicto.
La redefinición del marco del conflicto. La composición de la realidad.
Cuando a mediados de mayo, lxs indignadxs tomaron por primera noche la Plaza de Catalunya en Barcelona, el policía municipal de turno les decía que no podían permanecer en la plaza: que si la ordenanza de civismo municipal prohibía la instalación de mobiliario y enseres personales, que si los papeles y cartones de las pancartas en el suelo… Muy acertadamente, su indignado interlocutor le decía que aquello iba mucho, pero que mucho más allá de unos cartones en el suelo, y que la asamblea iba a decidir qué hacer…
En esos instantes ya se estaba definiendo el marco de la realidad que albergará la discusión, el conflicto y sus posibles soluciones. Por un lado, el marco de una cuestión menor de cartones por el suelo, de urbanidad, civismo, buenos modales y sentido común que cierra lo político. Por el otro lado, el marco de una cuestión profundamente política: el legítimo hartazgo y la voluntad de cambio ante un sistema económico y político profundamente corrupto e injusto, que trata como mercancía la vida de las personas y su dignidad.
Pero donde más amplia y claramente se pudo observar la estrategia gubernamental para intentar construir una caracterización de la realidad funcional a sus objetivos fue en el fallido intento de desalojo de la plaza.
La operación de represión de la desobediencia y de restauración de su gubernamentalidad que puso en marcha el sistema a través de su dispositivo de aplicación de violencia (escuadrones especiales de policía de Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana), no se presenta como tal: no es una respuesta al desafío de gubernamentalidad, ni un “desalojo”, sino una “operación de limpieza”, de “salubridad”, a realizar por motivos de “salud pública”.
Sorprendentemente, el mismo día del operativo policial de “limpieza y salud pública”, el diarioLa Vanguardia, veterano periódico conservador y de los de mayor tiraje de la ciudad de Barcelona, publicaba en páginas centrales un singular reportaje. En su sección de “Tendencias, el debate en torno a actividades humanas”, con el título de “La cotidiana repulsión por la suciedad” y una gran fotografía de un vertedero, se nos informa sobre una exposición en Londres en la que se explora la relación humana con sus detritus y porquerías.
“Repugna, perturba y mortifica; imposible darle la espalda, porque la porquería está ahí, seguimos generándola mal que nos pese y estamos abocados a gestionarla para que no trastoque nuestras vidas. Ahora al menos, comprendemos que, además de molesta, es perjudicial…”.
Así comienza el reportaje, que destaca frases y subtítulos como:
“Repercusiones sociales de la porquería”;
“Sociología de la mugre: no somos conscientes de cuánto limpiamos las cosas sólo porque otros van a verlas”;
“Las estrategias para gestionar la suciedad revelan profundas desigualdades sociales y acrecientan el estigma de los inmigrantes. El calvario de limpiar”.
Se nos informa que la exposición Dirt. The filthy reality of everyday life (Suciedad. La asquerosa realidad de la vida cotidiana) se prolonga hasta el 31 de agosto. Sin embargo, no se nos informa de que esta exposición inició dos meses antes de la publicación del reportaje. Tampoco parece haber ningún dato que explique por qué precisamente en esta fecha la exposición londinenese sea noticia en Barcelona. Claro, hay noticias que no tienen fecha. Qué extraña casualidad que se publique el mismo día que se ejecuta el “operativo de limpieza” policial. Será que algún periodista del diario se trasladó a Londres para cubrir la final del campeonato de fútbol de la Champions League y mientras esperaba el evento, llenó su tiempo laboral visitando la exposición…
Porque, por si tales motivos de salubridad fueran insuficientes, la “operación de limpieza” se presenta también como una “operación preventiva” para retirar objetos peligrosos ante el riesgo de posibles confrontaciones violentas entre indignadxs ocupantes de la plaza y seguidores del Barça en la segura celebración en el mismo espacio de la hipotética victoria del Fútbol Club Barcelona en la final de la Champions League que se jugaría el día después del operativo.
Se presenta entonces la cuestión como de sentido común, de normalidad no sujeta a discusión política, de proveer seguridad, de garantizar democráticamente el derecho a la celebración de la mayoría conformada por los aficionados del Barça. Se sugiere así también como de sentido común, que la expectación por el fútbol es de interés general y prevalente ante cualquier otra inquietud, como la protesta política por las condiciones de vida de la gente. De igual manera, al clasificar dicotómica y excluyentemente a unos y otros (no se plantea que hayan seguidores del Barça indignadxs ni indignadxs seguidores del Barça), se intenta también inducir a la polarización social y la confrontación entre seguidores del Barça y ocupantes de la plaza. En tal caso, las fuerzas policiales actuarían legítimamente, pues se verían obligadas a imponer el orden entre grupos opuestos que se comportan violentamente, desde la neutralidad del sentido común y por bien de todos.
Culpabilización, estigmatización, deshumanización.
La culpabilización de las víctimas ha sido un elemento central de las estrategias represivas. La memoria nos cuenta y recuerda que es un hecho que se ha podido observar frecuentemente en situaciones de guerra, de represión política y de violación a derechos humanos, en muchos conflictos políticos y bélicos, a lo largo y ancho del mundo y de la historia. Su puesta en práctica es a veces tan similar en los diversos escenarios que habría quien afirmaría con razón que se puede hablar de tecnologías y procedimientos estandarizados para su implementación.
Culpabilizar a la gente es un intento de normalizar las agresiones, de quitar responsabilidad a los autores del hecho y de ocultar la intencionalidad de las estrategias represivas.
La culpa de las acciones de represión y de sus consecuencias se atribuyen a la propia conducta de las víctimas La culpabilizacion puede venir por diferentes medios: desde amenazas, a versiones distorsionadas de los hechos, propaganda política en los medios de comunicación, difusión de rumores que justifiquen la versión oficial… Muchas veces también se acude a alguna de sus características, ya sean propias o artificiosamente asociadas y atribuidas.
Se trata entonces de difamar, desacreditar, avergonzar, denostar, quitar la estimación, de arrebatar públicamente a la víctima cualquier atisbo de atributos positivos, y hasta dejarle una marca indeleble, estigmatizarla. Una característica atribuida como propia, y caracterizada como significativa y definidora de la identidad de la víctima y de la totalidad de su conducta puede ser suficiente para convertirla, de manera inmediata e incuestionable, en entidad reprochable en sí misma, merecedora de cuanto negativo le suceda.
La víctima, por ser como es, es culpable de la agresión que recibe. A la víctima, por ser como es, nadie le dará su apoyo, quedará aislada; la acción del agresor se aparece por tanto como necesaria y de sentido común, se normaliza la agresión; el agresor y victimario no sólo no tiene responsabilidad alguna de lo sucedido, sino que su actuar es incluso encomiable; se implanta la impunidad, y se consolida el estado de cosas productor de la agresión a la víctima.
La asociación de las víctimas a la violencia y/o la basura son formas habituales de estigmatización para promover su culpabilización y deslegitimación, y así facilitar su posterior represión.
El desalojo que no es desalojo se motiva por un problema de salud pública. Una televisora reaccionaria entrevista a un joven de bien que cuenta cómo lxs indignadxs son unos “guarros”, unos melenudos que andan con sus perros sueltos, que no paran de beber cerveza que les venden inmigrantes sin papeles, y de fumar porros mientras aporrean de cualquier manera algún instrumento musical. Claro, al rato, esos niños anti-todo por maleducados y mimados desahogan sin ningún civismo sus necesidades fisiológicas en cualquier rincón y la plaza apesta. Y cuando se les dice algo, no hacen caso, son unos insolentes, alguien tendría que hacer algo para sacar a esos “perroflautas” y limpiar el lugar, deja entrever el joven de bien, legítimamente indignado…
La definición de lo problemático ya a estas alturas, no tiene tanto que ver con la situación política y económica, como con las características de los jóvenes quejosos. Como apostillará el Presidente de la Conferencia Episcopal Española, los problemas de fondo de lxs indignadxs que protestan en las plazas tienen que ver con la situación laboral, “pero sobre todo con lo más profundo, con su alma, con su corazón. Ahí es donde están los problemas más serios”.
La estigmatización llega al extremo de producir la deshumanización de la víctima. Es decir, la desposesión de toda dignidad humana. Así, a la víctima se le caracteriza e identifica por atributos propios de animales o de objetos inanimados. Lxs indignadxs son ya “perroflautas”. No perteneciendo al orden de los humanos, no hay por qué tener reparo alguno en su consideración y tratamiento.
En los periódicos, aparece la noticia de un agente de la Guardia Urbana de Barcelona, participante en el “operativo de limpieza”, que se queja en su facebook de que su actuación
“ha sido como estar en una pastelería y no poder comer ni un trocito de pastel…tanto hijoputa y ni una colleja he podido dar..”.
También comparte su
“Valoración del día: he entrado a las 6 de la mañana para ver a los mossos hincharse a pegar palos durante 6 horas, acabar saliendo por patas como niñas y los guarros (xq si, ni en gracia he visto tanto perroflauta) de vuelta en la plaza cataluña…aun anonadado me hallo de que han visto mis ojos“.
En los foros de estas noticias periodísticas, el debate es intenso y los enlaces que completan la información al respecto, numerosos. Los interlocutores del agente de policía, algunos al parecer también policías o aspirantes a ello, van incluso más allá:
“Yo lo estoy viendo por el telediario el trabajo policial, le ha faltado un poco más de determinación, pero no ha estado nada mal!!! Malditos perroflautas!!! Pero qué coño pedís!! Si no habéis trabajado en vuetra puta vida!!! Volver a las casas ocupadas!!”
“A la cámara de gas!! Digooo…. a las “duchas”… jajaajjaajajajajaj”
Resulta indignante y alarmante con qué rapidez y facilidad las tecnologías psicosociales de culpabilización pueden llegar a cristalizar en los extremos de banalizar y legitimar el horror de los crímenes contra la humanidad de los campos de exterminio nazis. Como agravante, esto se produce en el ambiente social de las instituciones gubernamentales y dispositivos de poder que monopolizan el uso de la violencia organizada en la sociedad, que tienen los medios materiales para aplicarla sobre la población, y que la aplican. Vista la historia y desmemoria del país, esto constituye una amenaza demasiado peligrosa, inasumible para cualquier estado que se diga democrático; una amenaza que por tanto, debería ser erradicada de inmediato a base de democracia verdadera, plena.
La barbarie del horror se pudo producir porque se promovió un medio social posibilitador. A la luz de la memoria democrática del horror, la producción de un medio social que facilita la aparición y desarrollo de actitudes y conductas fascistas es algo que nunca debería repetirse.
Que se produzca un medio social de este tipo no es ninguna casualidad, ni un devenir inesperado. Es el fruto de decisiones conscientes y acciones concretas de gubernamentalidad que operan en el medio. Hay responsables.
La demanda de responsabilidad y la penalización, no debiera quedarse únicamente en los últimos eslabones de la cadena en una estructura de poder: debería abarcar a la totalidad de la institucionalidad de la hegemonía que las propicia. No es sólo la acción de unos individuos aislados ni de un gobierno concreto. No es la crisis, es el sistema.
Conclusiones provisionales.
Hasta el momento, las operaciones de desalojo y restauración de la gubernamentalidad están fracasando estrepitosamente ante los ojos de todo el mundo. A cada orden directa de la autoridad, le ha correspondido más desobediencia de más gente, con más determinación y en mayor profundidad. Esa desobediencia se ha dado porque en cada acción represiva, ha quedado más en evidencia la brutalidad de la violencia gubernamental y su ilegitimidad. Como resultado, se ha profundizado la crisis de gubernamentalidad y el movimiento de lxs indignadxs ha salido fortalecido.
La articulación de las dimensiones materiales e inmateriales de las acciones que están intentando los agentes del poder hegemónico está resultando misión imposible. No hay posible coherencia entre su hacer antidemocrático y su decir de apariencia formal democrática.
Por un lado, la materialidad de la incompetencia, incongruencia, desproporción e ilegitimidad de su proceder violento ha sido tan ingente que ha quedado inexorablemente evidente ante los ojos de lxs gobernadxs y de la sociedad nacional e internacional.
Por otro lado, sus intentos de presentar y significar los hechos se han mostrado como elementalmente toscos.
Lejos de rectificar, atrapados en un narcisismo herido y ardido ante la extensa exposición de su incompetencia gubernamental antidemocrática, los agentes del poder hegemónico se enrocaron en insostenibles discursos de composición de la realidad. Ahí siguien, insistiendo, al borde del psicoticismo, en que la actuación de tal dispositivo de seguridad fue “correcta” y que la de tal otro fue “impecable”. De momento, sólo pueden crear esa realidad regirando el lenguaje…Con su lenguaje componen realidades inversas que anuncian mayores escaladas represivas. El sindicato de Mossos d’Esquadra de Comisiones Obreras se queja de que “se respeta muy poco a la policía” y que las agresiones a policías “salen gratis”. El que fuera primer director general de seguridad ciudadana, el encargado en los años ochenta de poner en marcha “la nueva policía de Catalunya”, los Mossos, y presidente del Centre d’Estudis Estratègics de Catalunya, declara a la prensa que “la policía comienza a cansarse de pagar los problemas creados por los políticos”…
Pero pese a sus notorios fracasos iniciales, también es posible que en alguna medida, algunos de sus objetivos sí hayan alcanzado. Tal vez hayan conseguido que en algunos sectores sociales se haya dado una cierta desviación temporal del foco del debate, de cuál es la realidad significativa, de cuál es el marco del conflicto. En algunos sectores de circulación de información, el debate parece más situado en la actuación del dispositivo de seguridad gubernamental, que en el cuestionamiento del injusto sistema político y económico. Se ha ido instalando una visión de la realidad en donde se simplifica, localiza, reduce y achica el conflicto. Los medios de comunicación vuelven a la “normalidad”, las acampadas ya no son tan noticia, ni tan de portada. Obviamente, confluyen en esto otros muchos factores que van más allá de este análisis.
El conflicto va a ser para largo. Quieren seguir gobernando. Pero no hay vuelta atrás: más allá de hasta cuándo sigan las acampadas sigan, la ecuación de gubernamentalidad cambió.
Desde los inicios de ese cambio, la escalada represiva ha ido subiendo en intensidad, así como los intentos por justificarla y legitimarla. Es de prever por tanto, que la acción gubernamental de represión, inducción y conducción de conductas va a intensificarse, tanto en las dimensiones materiales como inmateriales.
Desde la hegemonía del poder, van a profundizar en la implementación de dispositivos y mecanismos de acción psicosocial para promover unas relaciones sociales basadas en la violencia, la mentira institucional, y la polarización social que resulten funcionales a sus objetivos de gubernamentalidad.
El “conseller” de Interior Puig, responsable político de la actuación de los Mossos d’Esquadra en el desalojo de Pça. Catalunya el 27-M, comparece en sede parlamentaria. Sus alarmantes declaraciones merecen un posterior y más detallado análisis. Pero se hace necesario destacar cuando menos algunas de las declaraciones más significativas por su amenazante potencialidad: que no valoraron suficientemente el nivel de agresividad y violencia de los acampados; que se han exaltado numerosas mentiras sobre la actuación policial; que a la policía se le obedece; que estudiarán mecanismos preventivos contra los violentos; que quien insulte a la policía o impida su acción no saldrá “indemne”. Atención, no “impune”, es decir, sin castigo; sino “indemne”, sin daño…
Van a perseverar en su misión, y para ello, extensificarán e intensificarán lo que ya podríamos empezar a denominar como su estrategia de “guerra psicológica” .
Son muchos más que los referidos en este escrito los mecanismos psicosociales que se ponen en movimento en un conflicto como este. Al respecto, mucho se está haciendo muy bien desde la razón de la indignación, desde el movimiento de lxs indignadxs, precisamente por la fuerza y legitimidad del movimiento, de sus razones, métodos y propuestas. En ese empeño, será necesario seguir desvelando el proceder gubernamental en la dimensión inmaterial. Conocer los mecanismos de la represión para poder afrontarlos mejor.
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